El 80 por ciento de los inmigrantes que viven en España querrían acceder a la nacionalidad, pero las trabas del procedimiento acaban por disuadir a la mayoría, ya que se trata de "uno de los más restrictivos y complicados de la Unión Europea" y cuenta con un "alto grado de discreccionalidad".
Así se desprende del proyecto de investigación ''Diferenciaciones en el proceso de naturalización de los extranjeros'', un estudio elaborado por las investigadoras del CIDOB (Open Society Foundations) Gemma Pinyol y Elena Sánchez-Montijano, presentado este miércoles, que aborda el modo en que el sistema español "dificulta a ciertos inmigrantes" el acceso a la nacionalidad y las consecuencias que ello tiene.
El trabajo explica que la nacionalidad mantiene el ''statu quo'' que tanto la política de inmigración (fronteras) como de integración viene desarrollando en España, es decir, "se trata de un proceso que dificulta a ciertos inmigrantes el poder pasar a formar parte del conjunto de la población española".
Se refiere a las diferencias que se imponen en función de la nacionalidad de origen. Aunque inicialmente se debe residir legal y continuadamente en España al menos diez años para optar al DNI, los naturales de ex colonias o países latinoamericanos sólo necesitan dos años, los refugiados cinco y los hijos de españoles de origen nacidos en el país, uno.
Según expone, "sólo el 16% de los inmigrantes residentes en España han obtenido la nacionalidad frente a la media del 34% entre los países de la UE-15". Además, el 85% de los inmigrantes naturalizados tardaron más de 10 años en obtener el DNI, a pesar de que la gran mayoría podían haberlo conseguido al cabo de dos años.
"Las desigualdades que surgen a causa de estas diferenciaciones en los años de residencia se han hecho especialmente relevantes en los últimos años en el contexto de crisis económica, dado que algunos inmigrantes que contaban con residencias estables en el tiempo han caído en la irregularidad sobrevenida debido a la pérdida del empleo. Si bien este posible paso a la irregularidad se ha dado tanto en los colectivos de inmigrantes de los dos años como en los de diez, las probabilidades del segundo grupo se hacen más evidentes", plantea.
ORIGEN DISTINTO, REQUISITO DISTINTO
El estudio refleja, asimismo, que salvo los oriundos de esas nacionalidades preferentes, el resto debe renunciar a su nacionalidad de origen para acceder a la española, lo que constituye otro "desincentivo, particularmente teniendo en cuenta los beneficios de la doble nacionalidad para los inmigrantes transnacionales".
El informe, que se apoya en entrevistas con abogados, extranjeros y representantes de los mismos, explica que "tanto los colectivos de inmigrantes de países con vínculos especiales (excolonias) como de aquellos que tienen que esperar 10 años coinciden en que es una diferencia ''inadmisible'' y ''discriminatoria''".
Además, señala que "muchos inmigrantes ven el procedimiento de naturalización en España complicado, con falta de transparencia y claridad; lo definen como ''laberíntico'' o como ''una carrera de obstáculos''. Es más, lo ven como un proceso discriminatorio y diferenciador que está institucionalizado en la propia administración pública, y que sirve como mecanismo ''de selección y de control''", dice el estudio.
DISCRECCIONALIDAD
"Si bien la obtención de la nacionalidad debería entenderse como el paso final para la integración, lo cierto es que el propio proceso de acceso mantiene un sistema de diferencias entre los inmigrantes que sirve de revulsivo para la propia integración de los mismos", detalla el informe, del que se desprende que "el procedimiento de ciudadanía es uno de los más negativos para el inmigrante en comparación con la mayoría de los países de la UE de los 15".
En este sentido, apunta "la discrecionalidad vinculada al acceso como el principal problema de los inmigrantes para poder naturalizarse" tanto desde el punto de vista de la dificultad de conseguir los documentos que se requieren en función de cuál sea el país de origen hasta la capacidad que tienen el Registro Civil para establecer si un extranjero es apto o no mediante la emisión de un informe, pasando por la justificación vía entrevista o examen de su "buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad".
"El peso y el margen de maniobra ligado a los informes de los encargados del Registro Civil conllevan a prácticas asimétricas e irregulares. Se ve por tanto que el nivel de discrecionalidad durante el procedimiento lleva a la arbitrariedad y la falta de garantías jurídicas y sitúa a los inmigrantes en planos desiguales según su origen, idioma, o cultura", señala el informe.
Para las autoras, el sistema normativo español "no solo está diseñado para fomentar la naturalización de tan solo algunos inmigrantes" sino que "parece existir cierto interés en que el propio proceso disuada, en general, a un buen cupo", lo que está provocando, por un lado, que "gran número de futuros nuevos ciudadanos encuentren la nacionalidad española como un instrumento utilitario" y, por otro, "la aparición de un sentimiento de rechazo e animadversión tanto hacia el procedimiento en sí, como hacia la propia ciudadanía española".