El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha alertado de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 "abandonan" a 445.000 personas dependientes que están en la lista de espera, pues considera que para atenderles no es suficiente el incremento de 75 millones que recoge el proyecto de ley.
"Los presupuestos abandonan a 445.000 dependientes que están en la lista de espera. El aumento de 70 millones de euros que propician no puede atender ni si quiera una mínima parte del cumplimiento de la ley a partir del 1 de enero de 2016", ha criticado en declaraciones a Europa Press, en relación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Gobierno ha presentado este martes.
Ramírez ha precisado que para atender a estos dependientes que se encuentran en lista de espera serían necesarios 3.100 millones de euros, de los cuales, cree que la mitad deberían aportarlos los PGE. Sin embargo, ha constatado que, en lugar de aumentar la partida de atención a la Dependencia a 1.550 millones de euros, se ha incrementado a 1.252 millones, por lo que "se vaticina el incumplimiento flagrante un año más de la Ley de Dependencia".
Además, ha lamentado que sigue suprimido el nivel acordado poniendo así "en una situación límite" la financiación de las comunidades autónomas para poder atender las obligaciones que marca la ley.
CERMI: "LEJOS DE CUMPLIR EXPECTATIVAS"
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha indicado que cualquier incremento presupuestario en una partida como esta hay que valorarlo "positivamente" pero ha matizado que la Ley de Dependencia está "muy lejos" de cumplir con las expectativas y necesita "un replanteamiento" y un pacto de Estado.
"Es una ley que ha sufrido mucho en este último período de recortes, desde 2007 que entra en vigor hasta 2015 que tendría que haber culminado todo el despliegue, está muy lejos de las expectativas que las personas llamadas a ser atendidas por la ley teníamos, entre ellas, las personas con discapacidad", ha subrayado.
Asimismo, ha pedido que se restaure el nivel acordado, una de las fuentes de financiación de la ley por la que Estado y CCAA hacían una aportación adicional pero que el Gobierno suspendió en 2012 quedando obligado a aportar solo un nivel mínimo.
Por otro lado, Cayo ha aprovechado para insistir en el rechazo del CERMI al copago que soportan los beneficiarios del sistema y contra el que han planteado una iniciativa legislativa popular que ha recogido 500.000 firmas "para que no exista un copago confiscatorio".