El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha vuelto a reabrir la causa sobre la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica y la presunta despatrimonialización de Caja Navarra, para llamar a declarar a dos peritos del Banco de España con el objeto de que ratifiquen el próximo 8 de octubre su informe sobre la solvencia de la entidad.
El magistrado ha dictado un auto en el que estima el recurso de la Fiscalía contra el archivo provisional del caso dictado el pasado agosto, argumentando que está pendiente de producirse esta ratificación pericial y de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregue su informe sobre el quebranto económico de Caja Navarra, que obligó al saneamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Por ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cita a declarar para las 12.00 horas del próximo 8 de octubre a los peritos del organismo supervisor y urge a la UDEF a entregar la documentación solicitada en diciembre de 2014 antes de que se produzca esa comparecencia.
LA FISCALÍA VIO "PREMATURO" EL ARCHIVO
La Fiscalía calificó de "prematuro" el archivo advirtiendo de que el informe complementario del Banco de España no había sido ratificado ante el juzgado ni se pronunciaba sobre la totalidad de las cuestiones investigadas.
Entre ellas, destacó la repercusión en Caja Navarra de operaciones de prejubilación, dietas, contratación de personal externo, carácter inmobiliario, expansión y apertura de oficinas desde 2002, así como las inversiones relacionadas con miembros del Consejo y sus familias.
El Ministerio Público, que avisó de que falta por examinar el resultado de la investigación encomendada a la UDEF, destacaba que el informe complementario tampoco se ha pronunciado sobre las tarjetas corporativas de los exdirectivos e instaba a "esclarecer si la gestión de los denunciados que motivo la asistencia de fondos de terceros para rescatar la solvencia de la entidad se efectuó en beneficio de la entidad o de sus patrimonios personales o corporativos y en detrimento de la misma".
En la causa se investiga al expresidente del Consejo de Administración de Banca Cívica Antonio Pulido y los antiguos consejeros Lázaro Cepas, Marcos Contreras, Álvaro Arvelo, Enrique Goñi, Amancio López, Rafael Cortés, José María Achirica, Pedro Pérez, Jose Maria Leal, José Antonio Asiáin y Miguel Sanz.
CASO ARCHIVADO Y REABIERTO
Velasco archivó el pasado agosto por segunda vez el proceso entorno a la fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol que derivó en la creación de Banca Cívica, entidad que fue adquirida por CaixaBank por 977 millones de euros en marzo de 2012.
El magistrado argumentó que la constitución de Banca Cívica fue una operación "fundamentalmente sólida y razonablemente viable" y añadió que la solvencia de la entidad gozó de un "respaldo contable, superando en algunos momentos la exigida oficialmente y cumpliendo con la muy oscilante y precipitada legalidad bancaria nacional y comunitaria".
En noviembre de 2014, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estimó los recursos presentados por la Fiscalía y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y le ordenó reabrir la causa seguida contra los antiguos gestores de Banca Cívica, al considerar que la instrucción se encontraba "inconclusa" y que los peritos del Banco de España carecían de la documentación necesaria para efectuar un análisis completo.
Unos meses antes, Velasco había decretado por primera vez el sobreseimiento provisional del caso, que asumió en marzo de 2013 tras admitir una querella de UPyD contra el anterior equipo directivo por posibles delitos de falseamiento contable, administración fraudulenta, publicidad falsaria en valores negociables en mercados de valores, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
Según los denunciantes, a quienes se unió la acusación ejercida por la asociación de consumidores Kontuz, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que se integraron en Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a Bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".
La formación magenta cifraba en 26.000 inversores los perjudicados por su salida al parqué bursátil, que habrían perdido cerca de la mitad de su dinero "de manera que nunca recuperaron el precio de salida respecto a la cotización de julio de 2011".