Tras su esperada declaración del pasado martes, el caso "Rato" sigue adelante y se espera que el instructor, Antonio Serrano-Arnal, cite a nuevos testigos con el objetivo de recopilar más datos que aclaren si el exvicepresidente del Gobierno se enriqueció de forma ilícita y ocultó 6,5 millones a Hacienda.

A lo largo de esta semana, el juez ha interrogado a dieciséis testigos, en su mayoría antiguos y actuales empleados de Bankia y de las empresas de publicidad Publicis y Zenith, adjudicatarias de la campaña de publicidad del lanzamiento de la marca y de la salida a bolsa de la entidad.

Dos de ellos, sin embargo, cambiaron esta condición por la de imputado: el ex director de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo, y una trabajadora de una de las empresas del presunto testaferro Alberto Portuondo, el único que ha ingresado en prisión.

Con ellos, el número de imputados se sitúa en once: Rato; su secretaria personal, Teresa Arellano; su gerente de confianza y presunto testaferro Miguel Ángel Montero; el abogado Domingo Plazas; Portuondo y cuatro directivos de las compañías, entre ellos la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal.

Después de contestar a las preguntas del juez, de la fiscal y de su defensa, Rato abandonó en libertad los Juzgados de Plaza de Castilla, aunque con medidas cautelares, consistentes en la retirada del pasaporte y en la obligación de comparecer una vez al mes, lo que no le impedirá desplazarse por la Unión Europea.

Posteriormente, Rato avanzó que remitiría al Juzgado informes periciales que demostrarán que todos los bienes que ha tenido en el extranjero "tienen origen familiar" y han sido declarados "voluntariamente", y aclaró que no participó ni influyó "de ninguna manera" en la concesión a Publicis y Zenith.

La del martes no fue, sin embargo, la primera vez que el ex director gerente del FMI se veía las caras con el magistrado, aunque en julio se acogió a su derecho a no declarar porque decía desconocer muchas de las acusaciones de la Oficina Antifraude (Onif) y la Fiscalía.

Desde entonces, ya se han conocido esas nuevas sospechas de la Onif, que duda de la procedencia de 6,5 millones que recibió en diversas transferencias Kradonara.

Esta sociedad obtuvo directamente en 2006, 2007, 2011 y 2014 a través de distintas transferencias 3,4 millones, a las que hay que sumar otras por valor de 3,047 millones recibidas desde su matriz, Vivaway, una firma constituida en Reino Unido y administrada desde el paraíso fiscal de la Isla de Guernsey y cuyo beneficiario último es Rato.

A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de Red Rose, cuyo domicilio al parecer está en Bahamas.

Presuntamente, el exvicepresidente, que cuenta con todo su patrimonio embargado, defraudaba también ingresos por su asistencia a congresos y conferencias que, a través de la sociedad Arada, acababan en Vivaway.

A partir de ahí, el dinero pasaba de Vivaway a Kradonara, que recibía estos ingresos y otros tantos para acabar manteniendo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, cuya única actividad es la explotación de un hotel en Berlín, en el que posee un 50 %.

La sociedad germana ha recibido también 100.000 euros de Telefónica y otros 1,05 millones cuyo origen se desconoce, directamente a través de Vivaway y Kradonara.

Además, Kradonara habría percibido 833.000 euros de Albisa Inversiones, controlada por Portuondo, quien cobró más de dos millones en comisiones ilegales de las adjudicatarias del concurso de publicidad de Bankia.

Los investigadores creen que parte de ese dinero fue a parar a Kradonara quien, en última instancia, destinó 450.000 euros más a Bagerpleta GmbH.

Por todos estos motivos, la Audiencia Provincial de Madrid destacaba en el auto en el que confirmaba la prisión preventiva para Portuondo que el "entramado societario" del exministro se apoya en una "red de movimientos económicos" que han tenido "repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países".

Mientras el Tribunal Supremo dirime sobre el órgano que debe hacerse con el caso, para lo que aún falta el informe de la Fiscalía en el que muestre su opinión sobre si debe ser Serrano-Arnal o el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el instructor prosigue con la investigación del caso.

Así, próximamente llamará a declarar a nuevos testigos, han informado fuentes jurídicas, que han recordado que lo que sí tiene fecha, en concreto los próximos jueves y viernes, es el desprecintado y volcado de los depósitos intervenidos en los registros efectuados a dos imputados en la pieza relativa al blanqueo, todavía bajo secreto.