El Gobierno ha asegurado hoy que el Estado dispondrá a cierre de 2015 de un margen presupuestario de 8.500 millones de euros, que junto con el superávit que espera de los ayuntamientos, servirá para compensar las desviaciones de la meta de déficit de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

Después de que ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazara la advertencia de Bruselas de desvío presupuestario, hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado en 8 décimas de PIB los ingresos adicionales con los que cuenta el Estado respecto a lo previsto en los presupuestos de 2015.

Y ello es posible, según ha explicado, gracias a una mejora de los ingresos tributarios y a la caída del gasto en intereses de la deuda y en prestaciones por desempleo.

El Ejecutivo da por hecho que los objetivos marcados para las comunidades autónomas y la Seguridad Social -del 0,7 % y el 0,6 % del PIB, respectivamente- no se conseguirán este año, pero confía en que el Estado logrará reducir su déficit por debajo del 2,9 % comprometido y en que las corporaciones locales tendrán superávit, en lugar del equilibrio previsto.

De Guindos ha destacado el sorprendente buen comportamiento de los ingresos tributarios y el aumento de las bases imponibles de todos los impuestos, incluido el IRPF, pese a su rebaja.

El responsable de diseñar las cuentas públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que la rebaja de impuestos que entró en vigor a principios de 2015 "no es que sea compatible con el objetivo de déficit, sino que es lo que lo hace alcanzable".

El ministro de Hacienda ha alegado que a medida que se acerque el cierre del año "iremos confirmando que esa rebaja, unida a la austeridad en el gasto público", llevará a la consecución del objetivo.

En todo caso la discrepancia con la CE sobre cómo acabará el déficit español en 2015 "es tan solo de tres décimas", ha recordado el responsable de Hacienda.

En concreto, según Bruselas, superará en tres y siete décimas su meta de déficit para 2015 y 2016, pese a que el Gobierno afirma que logrará alcanzar el 4,2 % y 2,8 % del PIB comprometidos, respectivamente.

También el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha subrayado que en los últimos cuatro años las previsiones económicas de Bruselas no se cumplieron, mientras que las del Gobierno "se quedaron algo cortas y fueron superadas".

La CE considera que España podría desviarse de las metas del déficit público fijadas en 2015 y 2016, tras analizar el proyecto presupuestario español para el próximo ejercicio, que considera "un poco optimista".

Lejos de aceptar las explicaciones del Gobierno, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido hoy a Rajoy que comparezca de forma urgente en el Congreso para aclarar "las mentiras y los embustes" de los presupuestos de 2016, y ha alertado del "daño" que causan a la imagen de España.

El senador de CIdU Ferrán Bel ha ironizado con la "mala suerte" que tiene el Ejecutivo al recibir el dictamen de la CE un día antes del debate de enmiendas a los Presupuestos, y ha destacado que el informe llega "con tiempo suficiente" para que se tenga en cuenta antes de que concluya el trámite parlamentario.

La representante del PNV María Eugenia Iparragirre ha apuntado al Ejecutivo que Europa "les ha puesto deberes" en cuanto al posible incumplimiento de las metas de déficit, y ha añadido que las cuentas del Gobierno son "injustas y desacordes con la realidad de la calle".

"Cuesta entender qué estamos haciendo aquí", ha afirmado la senadora de ERC Esther Capella i Farré tras las advertencias de la CE de que "estas cuentas no obedecen a la realidad económica ni financiera del estado español".

Por último, el senador de Podemos Ramón Espinar ha acusado al Gobierno de ser gestores "ineficaces y chapuceros" y le ha dicho al PP que es probable que "sus jefes" de la CE no les dejen aprobar unos "Presupuestos ni-ni" que no resuelven los problemas de la ciudadanía ni atienden al mandato de las autoridades europeas

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) prevén que el Gobierno deje de ejecutar algunas partidas de gasto público y paralice inversiones para cumplir con el objetivo de déficit del 4,2 % este año, lo que se traduciría en "recortes encubiertos" de hasta 3.000 millones de euros.