Ser español será más caro y más difícil a partir de mañana para los inmigrantes que deseen adquirir la nacionalidad por residencia, quienes deberán superar dos nuevos obstáculos: un pago de 185 euros y un examen que demuestre tanto su conocimiento del castellano como su integración social.

Desde hace días, nada quita más el sueño a los inmigrantes que están cerca de conseguir la nacionalidad española que la Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que entra en vigor mañana, convertida ya en una de las normas más mediáticas para esta comunidad. Sólo hay que comprobarlo acercándose al Registro Civil.

Colas interminables y funcionarios colapsados que tramitan las solicitudes de los cientos de inmigrantes que apuran las últimas horas de gratuidad de este servicio, que ahora pasará a tramitarse electrónicamente. Porque la realidad dice que las colas no son tanto por miedo al nuevo examen como por evitar el pago de las tasas.

Todos ellos optan a la nacionalidad por residencia, que exige la estancia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, salvo para los refugiados (cinco años) y los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes (dos años). Ya no es un trámite, es un dolor de cabeza.

Es el caso de Alí, procedente de Ghana, quien en un buen castellano ha comentado que ha hecho 28 horas de cola en el Registro Civil de Madrid con tal de resolver su situación antes del cambio de normativa, pues desde mañana todo será "más difícil" y requerirá "muchísimo papeleo".

Pero también será más caro, "pues hoy no cuesta nada y desde mañana", según sus cálculos, "puede suponer hasta 300 euros en total". Costará algo menos, pero en su error están las prisas y urgencias de última hora.

Los solicitantes tendrán que afrontar el pago de 100 euros por la tramitación de la gestión más 85 euros por los dos exámenes obligatorios, uno sobre el dominio básico del castellano y otro de historia, cultura y leyes españolas. Ambas pruebas diseñadas por el Instituto Cervantes. Se busca acreditar el "suficiente grado de integración en la sociedad española"

De hecho, el examen para acreditar el idioma es el Diploma de Español (DELE) en un nivel A2 o superior, lo que no debería constituir un grave problema para personas que llevan 10 años viviendo en España.

Evidentemente, los aspirantes cuya lengua materna sea el español estarán exentos de la prueba lingüística pero sí tendrán que demostrar sus conocimientos de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas. El examen de integración es ineludible.

Consta de una prueba de 25 preguntas cerradas tipo test que pueden ser de tres posibles respuestas o de verdadero o falso divididas en cinco áreas temáticas. 15 respuestas correctas y a jurar la Constitución.

Cervantes, Lorca, Enrique Iglesias, Penélope Cruz, los Goya, el fútbol, los Sanfermines, las Fallas, el Carnaval, el telediario, el turrón y el mazapán figuran entre las preguntas del examen, pero también la jefatura del Estado, las funciones del Congreso y las lenguas cooficiales. Se pregunta hasta por el 091.

Una prueba que no es ajena a las redes sociales, donde desde hace días circulan las preguntas y ejemplos de exámenes con el fin de determinar el conocimiento de los españoles sobre España.

"Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en el Congreso cada una por: 1, 2 o 3 diputados". Responda.