El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha defendido hoy su actuación "democrática" en la consulta del 9N, de la que se ha declarado "máximo responsable" político y cuyo "éxito" y eco internacional, ha dicho, desató la "rabia" de un Estado que pretende presentarlo como un "delincuente".
Tras declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su papel en la organización del 9N, Mas se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar sus argumentos.
En su declaración, según ha explicado él mismo, Mas ha hecho notar al tribunal que "tendrá que juzgar si comportarse como un demócrata equivale a actuar como un delincuente".
Para defenderse frente a la querella promovida por la Fiscalía General del Estado, ha hecho hincapié en que el 9N fue el resultado de una "evidente iniciativa institucional y política pero también de una intensísima implicación y ejecución ciudadanas", puesto que "los auténticos ejecutores de aquel proceso participativo" fueron los voluntarios que se hicieron cargo de las mesas y el recuento.
Esa es una de las claves de su defensa: la Generalitat ideó e impulsó el 9N hasta donde le permitió el Tribunal Constitucional, pero su "ejecución" corrió a cargo de los voluntarios, mientras que el Gobierno central pasó "de la mofa pública al abuso de poder".
"Me declaro máximo responsable de haber ideado e impulsado el proceso participativo del 9N", ha proclamado el presidente de la Generalitat, que también ha dicho ser "responsable de haber escuchado a los centenares de miles de personas" que se han manifestado en cada Diada desde 2012.
Se ha declarado "responsable" también de haber "escuchado a más del 90 % de los ayuntamientos de Cataluña" que aprobaron mociones a favor de poner las urnas el 9N y de "haber obedecido a las diversas resoluciones del Parlament" en defensa de la consulta.
"Soy el único responsable de haber dado voz y voto a los ciudadanos de Cataluña" en las elecciones de 2012 y 2015, "con el objetivo de recibir mandatos democráticos que legitimasen actuaciones políticas posteriores", ha alegado.
Por este motivo, ha dicho "no entender" que por el hecho de haber actuado de esta forma "tenga que estar declarando ante un tribunal", porque su función fue intentar "conjugar bien la legitimidad de las urnas con la legalidad".
"Me siento responsable de haber defendido la paz social, la libertad ideológica, la libertad de expresión y de principios, derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución", ha añadido.
En todo caso, después de un acontecimiento como el del 9N, le tocaría "comparecer ante un Parlamento para dar cuentas, pero nunca ante un tribunal, y mucho menos por una causa penal".
Mas, que se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía porque "su actuación en este caso concreto ha sido absolutamente desproporcionada" al "imponer una querella en contra de la opinión de los nueve miembros de la junta de fiscales de Cataluña", ha atribuido estas querellas a la "rabia" que sintió el Estado al constatar el "éxito" y el "eco internacional" de la consulta.
"Nunca el éxito de la democracia debería terminar en los tribunales de justicia", ha insistido.