El subdirector de Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes, Philippe Robertet, ha señalado hoy que el 73 % de las 200 personas de 40 nacionalidades que han participado en la prueba piloto de integración para adquirir la nacionalidad española han aprobado el examen.
Philippe Robertet ha dado a conocer estos datos al presentar, en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), las novedades de la reforma del Registro Civil (RC), en vigor desde ayer.
El subdirector de Análisis y Estrategia del Cervantes, coordinador del examen, ha explicado: "Personas de 40 nacionalidades distintas han respondido las preguntas de este examen piloto, de las cuales algunas ni siquiera sabían mucho de lo que pasa en España".
El examen, tipo test, "Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España" contiene preguntas tipo test sobre Gobierno, legislación y participación ciudadana, que suponen el 60 % del examen, y sobre cultura, historia y sociedad, el 40 % restante.
Algunas de las preguntas son: "¿Qué ciudad fue capital de España antes de Felipe II? ¿Madrid, Salamanca o Toledo?", o "¿Cuál es la fiesta más famosa en Cádiz y Canarias? ¿El Carnaval, la Semana Santa o los Sanfermines?".
Además, los inmigrantes residentes que quieran ser españoles tendrán que acreditar un nivel A2 del diploma español DELE (de diplomas de lengua española), que exige "un conocimiento razonable para poder desenvolverse en el día a día", según ha dicho Robertet.
En total, los trámites para obtener la nacionalidad española, que hasta ahora eran gratuitos, pueden ascender a los 300 euros: una tasa de 100 euros por iniciar el procedimiento, 85 por el examen y 124 en caso que se tenga que conseguir el certificado de nivel de español.
El subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, Jesús Santa-Bárbara Rupérez, ha destacado que con los nuevos trámites "se desjudicializa para bien el registro", ya que "hasta ahora era el juez el que realizaba de manera arbitraria las preguntas de integración".
"No hay que olvidar tampoco que una resolución del juez del Registro Civil podía ser rectificada por la administración pública, lo cual es como mínimo kafkiano", ha asegurado Santa-Bárbara.
La diputada del ICAB Gemma Solanas ha valorado positivamente que este proceso pase a ser solo administrativo: "Ahora la documentación va directamente a la Dirección General de Registro y Notariado, que pide el informe a la Policía Nacional y al CNI, de modo que es el Ministerio de Justicia el que finalmente da o no la nacionalidad".
"Esto ayudará a que la tramitación se agilice, algo muy necesario cuando los procedimientos para obtener la nacionalidad por residencia están totalmente colapsados", ha explicado Solanas.
Con todo, la diputada del ICAB ha subrayado que "existe todavía una cierta duda sobre las peticiones que ya se han hecho, por si se tramitarán de acuerdo con el viejo o el nuevo procedimiento".
Solanas ha remarcado, en ese sentido, que "solo del 2014, por ejemplo, hay aún 150.000 expedientes por resolver".