Los 20 magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han sido convocados este viernes para resolver las recusaciones planteadas para que sus compañeros Enrique López y Concepción Espejel sean apartados del tribunal que juzgará el caso Gürtel por su afinidad ideológica al PP.

Antes de tomar la decisión y proceder a la votación, el pleno, en el que solo podrá participar el recusado cuando se aborde la recusación del otro, escuchará las ponencias que, por reparto, han correspondido, en el caso de López, al magistrado Ramón Saenz Valcárcel, y en el de Espejel, a la jueza Clara Bayarri, ambos de tendencia progresista.

Para sus dictámenes, los dos ponentes han contado con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que ha visto acreditadas las dudas sobre la imparcialidad de López y Espejel para juzgar el caso Gürtel por sus vínculos con el PP.

En sus informes sobre ambos jueces, que también han sido recusados para evitar que juzguen el caso de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP, las fiscales de Gürtel, Concha Sabadell y Concha Nicolás, consideran avalada la relación de ambos con ese partido en vista de las pruebas practicadas, y concluyen pidiendo al pleno que valore si "un observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad" de los magistrados.

Las acusaciones ejercidas por el PSOE y ADADE recusaron a López y a Espejel -ponente y presidenta, respectivamente, del tribunal de tres magistrados de la sección segunda nombrados para juzgar la primera época del caso Gürtel (1999-2005)- por entender que tienen interés en la causa por su afinidad ideológica con el partido, que está encausado como partícipe a título lucrativo.

En el caso de López, las dudas sobre su imparcialidad en el caso Gürtel parecen más consistentes y parten, fundamentalmente, de su participación continuada en cursos impartidos en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), financiada por el PP, y en actos del mismo, así como la publicación de artículos que consideran elogiosos o afines a su ideología.

De hecho, Anticorrupción califica de "singular" su relación con FAES e inciden en que se ha demostrado que con esa fundación ha mantenido una relación "más intensa" que la que adujeron las propias acusaciones.

Los documentos enviados por el propio López, en los que reconoce que percibió 13.102 euros por asistir a 68 actividades entre 2003 y 2015, y por el PP, que acreditan que el partido le propuso en tres ocasiones "para cargos públicos de alta relevancia, motivando su nombramiento como vocal del CGPJ y magistrado del Constitucional", refuerzan, para las fiscales, las dudas sobre su imparcialidad.

En su nombramiento participó, según reconoció López, la exministra Ana Mato, que será enjuiciada como partícipe a título lucrativo por las actuaciones de su exmarido Jesús Sepúlveda y forma parte del patronato de FAES.

El PP y personas del partido imputadas intervinieron de forma "decisiva" en sus nombramientos, detallan las fiscales, que destacan que el propio magistrado, en su escrito negando su parcialidad, expresaba sus "naturales sentimientos de agradecimiento" por esos cargos.

Sobre Espejel, que fue nombrada asimismo vocal del CGPJ a petición del PP, el informe de Anticorrupción afirma que en la documentación aportada al expediente se ha "confirmado" que el partido y Luis Bárcenas, en su puesto de senador, intervinieron en la propuesta para nombrarla vocal.

Las fiscales concluyen así que representantes del PP "participaron directamente con su voto en su elección para ocupar uno de los más altos cargos del poder judicial y de su carrera profesional de forma inmediatamente anterior a ser nombrada miembro del tribunal actual (la Audiencia Nacional)".

Al igual que en el caso de López, Anticorrupción cree "debidamente acreditados los hechos que sustentaban" las dudas sobre la imparcialidad de Espejel, aunque su relación con el PP no parece tan estrecha como la de su compañero.