El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González interroga mañana a los nueve detenidos ayer en Barcelona por su presunta relación con los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), a los que se atribuye la preparación de actos terroristas con explosivos caseros.

A los detenidos en esta operación, en la que fueron registrados ocho locales y viviendas okupadas, se les considera responsables de acciones de terrorismo de tipo "anarquista insurreccionista", según informaron fuentes jurídicas.

La operación fue coordinada por el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y es continuación del llamado caso Pandora, que el pasado mes de diciembre se saldó con la detención de 11 personas en Madrid, Barcelona, Manresa y Sabadell (Barcelona) como responsables de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación casera durante los años 2012 y 2013, aunque desde hace meses se encuentran en libertad con cargos.

Los Mossos d''Esquadra procedieron a la detención de todos ellos como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista, ya que se les acusa de estar vinculados a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), a los que la Audiencia Nacional atribuye la preparación de actos terroristas con artefactos caseros.

En la primera fase de la operación Pandora, el pasado mes de diciembre, los Mossos d''Esquadra detuvieron a once personas, siete de las cuales ingresaron en prisión por orden del juez instructor pero quedaron en libertad tras pagar la fianza de 3.000 euros que les impuso el anterior titular del juzgado, el magistrado Javier Gómez Bermúdez.

En su auto, el juez concluyó que había indicios de que los miembros de los GAC podrían ser autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación casera en toda España, con los que pretendían "desestabilizar el Estado y alterar gravemente la paz pública".

Esos indicios a los que aludía el juez fueron recabados por los Mossos d''Esquadra en una investigación que iniciaron en 2012.

Las nuevas detenciones de ayer provocaron malestar en la CUP, que reprochó al Gobierno en funciones de Artur Mas que, a través de la policía autonómica, ejecute las órdenes de la Audiencia Nacional.