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SECESIÓN CATALUÑA

El desarme arancelario canario: la otra vez en la que se habló del 155

Eva Santos, Madrid, EFE
29/oct/15 11:47 AM
eldia.es
José Borrell en 1995./El Día

Eva Santos, Madrid, EFE Estos días se habla, y mucho, del artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista en Cataluña, pero lo cierto es que hace un cuarto de siglo estos polémicos dos párrafos ya fueron objeto de debate político, a cuenta del desarme arancelario canario.

Nunca se ha aplicado todavía este artículo de la Carta Magna, que da al Gobierno la facultad de suspender una autonomía, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y con la aprobación por mayoría absoluta del Senado.

Desde el martes, cuando Junts pel Sí y la CUP presentaron una declaración independentista en el Parlament catalán, su aplicación es una de las herramientas que se baraja que podría emplear el Ejecutivo de Mariano Rajoy para garantizar la unidad del país.

Aunque han pasado 26 años, a comienzos de 1989 ya planeaba la aplicación del controvertido artículo, en este caso sobre la comunidad autónoma de Canarias, gobernada en aquel entonces por una alianza del CDS, AP y la Agrupación Insular Herreña.

Fue a raíz de la decisión del Gobierno de Canarias de no seguir aplicando el desarme de los arbitrios insulares lo que provocó el incumplimiento del Tratado de Adhesión a la CE y un duro enfrentamiento con la administración central, gobernada por el PSOE.

Según el Gobierno canario, el central estaba eludiendo el pago a las corporaciones locales insulares de la compensación por la reducción de sus ingresos procedentes del arbitrio de entrada de mercancías, como consecuencia del desarme arancelario.

En liza, la diferencia entre los 40.000 millones de pesetas que ofrecía al Gobierno de Felipe González para compensar a las corporaciones locales canarias, frente a los 70.000 que reclamaban las autoridades del archipiélago.

La Secretaría de Estado de Hacienda que dirigía Josep Borrell advirtió al Gobierno de Canarias de que el Ministerio de Economía tendría que proponer la adopción de medidas, lo que podría pasar por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Faculta este artículo al Gobierno, previa aprobación por mayoría absoluta del Senado, para poder adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o para la protección del interés general de España que pueda ser atentado gravemente en la actuación de la comunidad autónoma.

En respuesta a esa advertencia, el Gobierno canario dirigió otro escrito al Ejecutivo central anunciando que se reservaba las acciones legales que le correspondieran ante las instancias nacionales e internacionales, en defensa de la garantía del bloque constitucional del Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía.

Borrell confirmó a un grupo de periodistas que el Gobierno podía recurrir al Tribunal Constitucional y plantear al Senado la retirada de competencias a Canarias por este incumplimiento.

Hasta sus propios compañeros de filas en Canarias criticaron duramente a Borrell y el secretario general del Partido Socialista Canario-PSOE en aquellas fechas, Jerónimo Saavedra, calificó de "desdichadas" e "improcedentes" sus palabras.

Lo cierto es que el Consejo de Ministros se limitó a aprobar otro requerimiento al Gobierno canario instándole a cumplir la ley y, unos días después, Borrell viajó hasta las islas, donde se llegó a un acuerdo que desactivó todas las alarmas.

El artículo 155 sigue esperando la ocasión para estrenarse.

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