El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco asegura que la empresa FCC, implicada en la trama de adjudicaciones irregulares de contratos de agua desmontada a través de la operación ''Frontino'', pactó con "altos cargos" del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una "compensación indebida" de 40 millones de euros.
En el auto en el que envía a prisión a cinco personas, entre ellas el director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Velasco precisa que esta compensación irregular quedó reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015. También se consignó una cantidad total de 26 millones en los presupuestos de 2016, agrega.
El pago irregular arranca de una inundación en la desaladora del bajo Almanzora, adjudicataria de Abengoa y de FCC. Acuamed no exigió que la empresa adjudicataria cubriera los desperfectos, como debería haber hecho y cerró un acuerdo por el que se comprometía a abonar ella misma un 40 por ciento y reclamar a las adjudicatarias el pago del 60 prometiendo que le sería compensado a través de la concesión de otras obras.
El proyecto elegido fue la descontaminación del pantano de Flix, que sirvió para ejecutar la compensación fraudulenta. De una facturación de 3,5 millones se pasó a "diseñar" pagos de 40 millones ficticios, que se intentaron justificar mediante la certificación de obra no ejecutada.
MÁS IRREGULARIDADES
Velasco menciona otras irregularidades. En el caso de la presa de la Avenida Rambla Gallinera en Valencia, adjudicada a las empresas Sogeosa y Torrescámara, se certificaron dos millones de euros que no estaban en el contrato, en concreto "una escollera que nunca existió".
La desaladora de Marina de Torrevieja, la mayor de Europa, fue adjudicada a Acciona y su liquidación pretendía un perjuicio a la administración de tres millones de euros, dice el auto. La cifra se alcanzaba con partidas hinchadas, mediciones incorrectas y reclamaciones improcedentes. "Pretendieron que se le facturaran 17 millones más, aunque al final lo dejaron en 10", dice.
En la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante, adjudicada a Altec-Altyum, la adjudicación se amaña cuando nunca debiera habérsele concedido. En el Cerro Colorado de Murcia, se adquirieron tuberías para permitir el riego a la empresa que la vendía más caras y en la presa de Antiavenidas del río Serpis, el contrato a favor de Altec se hinchó en dos millones de euros.