El director de organización y medios de Afinsa Antonio Gimenez Rico ha declarado hoy, durante el juicio sobre la supuesta estafa piramidal de la empresa filatélica, que "nunca se hicieron contratos de adjudicación sin que hubiese sellos que los respaldasen".

El juicio sobre la estafa filatélica ha entrado hoy en una nueva fase de declaración de testigos que durará al menos un mes y medio más, al haber terminado con los interrogatorios de los 14 exmiembros de la cúpula de la entidad acusados.

El primero de los testigos pedidos por el fiscal Alejandro Luzón, Antonio Giménez Rico, ha explicado que los contratos de inversión filatélica CIT que se adjudicaban a los clientes "siempre tenían sellos que los respaldasen", en la etapa en la que fue director del área de personal, control de gestión y mercadotecnia de Afinsa.

Sin embargo, Giménez Rico ha admitido que "había cosas que no entendía" dentro de la empresa y que mantuvo una reunión con el también acusado y su superior directo, Vicente Martín Peña, para expresarle su "preocupación" por una inspección de Hacienda en la que se señalaban posibles irregularidades.

Desde que comenzó el juicio, el pasado 19 de noviembre, se han sentado en el banquillo de los acusados los miembros de la antigua cúpula de la entidad, a los que se acusa de diferentes delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales, y para los que se pide entre 2 y 19 años de prisión.

Los antiguos responsables de Afinsa han seguido líneas de defensa paralelas, defendiendo la solvencia y legalidad del negocio filatélico hasta el momento de la intervención de la compañía en mayo de 2006.

Además, los acusados han sostenido en todo momento que el negocio de Afinsa estaba basado en un sistema de compraventa de sellos y, por lo tanto, se regía por la normativa mercantil y no se trataba de un sistema de inversión.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción considera que la entidad llevaba a cabo una "estafa piramidal" con el objetivo de "captar de forma masiva" inversiones, lo que llevó a Afinsa a un agujero contable de 2.000 millones que afectó a más de 200.000 inversores tras su intervención en mayo de 2006.