El Gobierno ha activado la reciente reforma de la ley del Tribunal Constitucional para frenar el proceso soberanista y le ha instado a que declare "nula" la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlament.

"Máxima firmeza", ha sido la repuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha asegurado que están "preparados y "trabajando" con "normalidad absoluta" para seguir con la hoja de ruta soberanista.

Puigdemont ha negado que haya discrepancias en el proceso, pese a las diversas interpretaciones de CDC y ERC sobre el nombre y momento de la declaración de independencia.

Tras la constitución de la Comisión de Estudio de Proceso Constituyente en el Parlament -iniciativa de Junts pel Sí, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP-, el Gobierno central en funciones ha constatado que esconde una "voluntad deliberada de incumplimiento" de la sentencia del TC que anuló la resolución independentista del pasado 9 de noviembre.

El Ejecutivo ha decidido impugnar conforme a preceptos de la reforma de la ley orgánica del TC aprobada a finales de año, con la que se habilitó al alto tribunal para actuar ante vulneraciones de sus propias resoluciones e incluso establecer sanciones o suspender de sus funciones a los responsables.

Para el Gobierno, crear esa comisión de estudio tiene efectos jurídicos inmediatos e implica introducir en el ordenamiento, con apariencia de validez un objeto específico, la apertura de un proceso constituyente al margen de la Constitución, lo que es contrario a la norma y vulnera la resolución de inconstitucionalidad del propio TC.

"No se puede dar legalidad a una comisión creada para estudiar un proceso constituyente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional", ha resumido la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.

Por otra parte, el Ejecutivo también pedirá un dictamen al Consejo de Estado para plantear un conflicto positivo de competencias en relación a la creación, la denominación y el ámbito de competencias de la Conselleria de Relaciones Exteriores de la Generalitat catalana.

Un "paso lógico", según Ciudadanos, mientras que el PSC ha juzgado "contradictorio" que el Ejecutivo del PP pida al TC anular una comisión en la que participaron diputados del PPC, pese a no estar conformes.

Durante una visita a Tortosa (Tarragona), Puigdemont ha prometido "máxima firmeza" en el objetivo soberanista: "El Govern no se detiene, el Parlament no se detiene y, por tanto, cumpliremos con el mandato democrático del 27S", ha remarcado el también dirigente de CDC, en la misma línea en la que ha reaccionado ERC.

Puigdemont ha cargado contra el Gobierno del PP en funciones y ha dicho: "Ya que ellos demuestran incapacidad para gobernar, al menos que nos dejen hacerlo a nosotros".

Puigdemont ha incidido en que "no hay discrepancias" sobre la denominada declaración unilateral de independencia, puesto que "no está en el programa" de gobierno, pero el debate está en la terminología del acto previo a las elecciones constituyentes.

El conseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, Raül Romeva, ha dicho que el Govern prevé la proclamación de la independencia en un plazo máximo de 18 meses antes de unas eventuales elecciones constituyentes en Cataluña.

Pero la secretaria general de ERC, Marta Rovira, habló ayer de una declaración de independencia antes de las constituyentes y la portavoz del Govern y dirigente de CDC, Neus Munté, señaló antes que lo que sólo habrá es una "declaración de intenciones".

Con esta última fórmula, no se haría efectiva la independencia en el mismo momento de la aprobación de la declaración, pero podría ser un mecanismo para marcar "las intenciones" y dejar el terreno preparado para más adelante, cuando se culminara el proceso con un posible referendo para aprobar una Constitución catalana.

En todo caso, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha advertido a Junts pel Sí de que su partido no aceptará "vacilaciones" ni "dilaciones innecesarias" en la hoja de ruta soberanista, al tiempo que no apoyará unos presupuestos de la Generalitat "injustos" que no contemplen cambios claros en determinadas cuestiones fiscales y sociales.