El PSOE ya no habla de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ''Ley Mordaza'' y, en el documento propuesto a los partidos con los que se ha sentado a negociar la investidura de Pedro Sánchez, apuesta por reformar algunos artículos recurridos al Tribunal Constitucional.

De la misma manera, tampoco incluye la derogación de la Ley de Educación del PP, aunque sí apuesta por paralizar el calendario de su aplicación y promover un pacto social y político que permita elaborar un nuevo marco legal consensuado, ni la de la reforma de las pensiones del PP.

Así consta en el ''Programa para un gobierno progresista y reformista'' que ofrece el secretario general del PSOE para su investidura y con el que espera concitar el apoyo de las formaciones con las que se ha reunido en los últimos días: Ciudadanos, IU, PNV, Podemos y Compromís. Con todos, salvo con el partido de Pablo Iglesias, se va a sentar ya a negociar.

El documento del PSOE sí habla de "derogar la actual reforma laboral", un compromiso que generó debate interno en el partido y que al final se precisó asegurando que se derogaría "toda la reforma laboral del PP", aunque en dos fases. También mantiene el compromiso de dejar sin efecto la Reforma de la Administración Local.

Sin embargo, sus compromisos contra la ''Ley Mordaza'' y la LOMCE se matizan. Así, donde decían "derogar la ley de seguridad ciudadana y aprobar una nueva ley que refuerza y proteja a las personas y asegure que el marco legislativo facilita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", el PSOE habla de reformar.

En concreto, los socialistas proponen reformar los preceptos que han sido recurridos al Tribunal Constitucional. Entre ellos están el artículo que permite el registro corporal externo y superficial, el que considera falta grave "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y la disposición adicional que permite las denominadas ''devoluciones en caliente''.

Además, quieren modificar otros preceptos, como los que "reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad" o les atribuyen "poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas".

También defienden la necesidad de revisar las conductas infractoras procedentes de las faltas del Código Penal y mantienen su intención de derogar de manera inmediata la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal.

Durante la pasada legislatura, el PSOE se opuso de manera feroz a esta ley, a la que desde el principio vaticinaron poca vida parlamentaria, ya que aseguraba que sería una de las normas a derogar una vez saliera el PP del Gobierno.

De hecho, durante el primer paso por el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana, el PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC y Amaiur, entre otros, participaron de un ''cortejo fúnebre'' que desembocó en las escalinatas de la Puerta de los Leones del Congreso, donde depositaron una corona de flores en la que se podía leer ''Contra la ley mordaza.Democracia, la ciudadanía no te olvida''.

PARALIZAR LA LOMCE

Por lo que se refiere a la Ley de Educación del PP, el PSOE propone "paralizar de manera inmediata el calendario de aplicación" de esta norma, tal y como ya ha defendido en una de las proposiciones presentadas al Congreso hace escasas semanas.

En el programa electoral, el PSOE incluía el compromiso de derogar esta ley y la normativa que "ha contribuido a recortar la inversión en educación, dificultando la contratación del profesorado vulnerando el derecho de acceder a la educación por prte de un sector de la población y deteriorando los servicios".

Ahora los socialistas también apuestan por constituir una mesa para "alcanzar un pacto social y político por la educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de un nuevo marco legal consensuado".

Y mantienen algunas de las medidas con las que se presentaron a las urnas el 20D: las becas como derechos, la universalización progresiva de la oferta pública de cero a tres años y el MIR educativo, entre otras.

Fuentes socialistas han asegurado a Europa Press que el objetivo último es derogar esta ley, pero, para evitar un vacío legal, es necesario primero llegar a un pacto sobre la norma que sustituiría a la del PP y que aspiran a acordar con el resto de formaciones políticas y la comunidad educativa.

Como ocurrió en su oposición a la ''Ley Mordaza'', el PSOE no ha estado solo en sus críticas a esta ley. Es más, en julio de 2013 los grupos de la oposición en el Congreso, salvo UPyD, UPN y Foro de Asturias, sellaron un documento de compromiso para derogar la LOMCE "en la próxima legislatura", y cuando el PP saliera del Gobierno.

Mientras tanto, Ciudadanos, que se estrena en esta legislatura en el Congreso, no pide expresamente finiquitar la LOMCE, pero propugna la búsqueda de un pacto nacional en este materia. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció en enero que iba a presentar una iniciativa para crear en el Congreso un grupo de trabajo entre parlamentarios y expertos con el objetivo de elaborar un documento que sirva de base para ese futuro pacto educativo, que también busca el PSOE.

LAS PENSIONES

El programa de gobierno elaborado por los socialistas tampoco habla ya de derogar la reforma de las pensiones aprobada por el PP en la pasada legislatura, que introdujo un índice de revalorización del sistema. En este objetivo también estuvo el resto de partidos de la oposición.

Sí que hablan de recuperar el papel del diálogo social en la política de reformas del sistema de pensiones e impulsar un acuerdo para crear un modelo de financiación del sistema con nuevos ingresos procedentes del sistema tributario. Así, introduce en el documento su propuesta de crear un impuesto para financiar las pensiones.

Además, el documento, de 53 páginas, no hace ninguna referencia a la reforma del artículo 135 de la Constitución para incorporar las condiciones de salvaguarda de la ''Estabilidad Social'' de manera que se asegure en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales.

No obstante, al hablar de la reforma de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, defienden que el principio de estabilidad presupuestaria se entenderá como equilibrio financiero o con un déficito máximo del -0,5%, en línea con el pacto fiscal europeo.

El documento que se entrega ahora los grupos también incorpora de manera más amplia algunos de sus objetivos. Así, por ejemplo, en el campo de los copagos farmacéuticos se limita a tratar de "garantizar" que "no sea una barrera de acceso, en especial para pensionistas".

En el programa electoral, el PSOE apostaba por revisar el copago farmacéutico para tener en cuenta criterios de necesidad y cronicidad, en especial para pensionistas, parados y colectivos en situación de riesgo socioeconómico, y en el ámbito de esa revisión, defendía "contemplar el establecimiento de topes". También incluía el compromiso de "derogar el incremento del copago introducido en esta legislatura" para los dependientes.