La exalcaldesa de Valencia y senadora ''popular'' Rita Barberá se encuentra cada vez más aislada dentro del partido, donde ya hay voces que piden claramente que dimita y no se aferre a su situación de aforada para que de explicaciones ante la envergadura de la ''Operación Taula'' --que investiga por blanqueo a su grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia-- si quiere dar una imagen contundente contra la corrupción.

Los últimos han sido senadores del PP consultados por Europa Press, que coinciden en que la exalcaldesa debería dimitir y devolver su acta de senadora y consideran que Barberá debería marcharse para reducir "la presión" sobre el partido y Mariano Rajoy, pero también sobre ella misma.

"El PP necesita demostrar una pulcritud y ser implacable contra la corrupción ante los ciudadanos. Es que no es ni uno ni dos ni tres los concejales que han metido la mano. Son casi todos y no es justificable", resume un parlamentario ''popular'', que recuerda que la investigación por blanquear dinero en la última campaña de las municipales se extiende prácticamente a todo su equipo municipal en el Consistorio de Valencia.

En este sentido, fuentes del PP consideran que a la dirección nacional del partido le ha faltado "diligencia" porque lo que se está investigando en Valencia "pinta mal". Ante la corrupción, añaden, la respuesta debe ser "siempre rápida y contundente".

"No podemos permitirnos ningún tipo de flexibilidad. La reacción tiene que ser inmediata", sostiene un senador ''popular'', que cree que si se demuestra que no está implicada en nada ya habrá tiempo de "restituirla" en el partido. Otro parlamentario cree incluso que ''Génova'' debería pedir públicamente que la exalcaldesa se marche porque si al final lo va a acabar haciendo, por lo menos no se estarían "desangrando por el camino".

BARBERÁ NO APARECE

Barberá no ha asistido esta semana a la Cámara Alta a la constitución de las comisiones en las que trabajarán los senadores ni de la Diputación Permanente en la que ha sido incluida de nuevo por su partido, un hecho que le garantiza el aforamiento aunque se disuelvan las Cámaras por una convocatoria electoral.

La exalcaldesa de Valencia, que al parecer está muy enfadada porque cree que el partido no la ha defendido como ella entiende que se merece, según informaron a Europa Press fuentes populares, ni siquiera asistió este miércoles al Senado, pese a que el presidente del partido, y jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha presidido la reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta.

La continuidad de Barberá y su ausencia estos días ha sido la ''comidilla'' de los parlamentarios del PP, que están preocupados por cómo este nuevo caso de corrupción en Valencia vuelve a perjudicar la imagen del partido.

Rita Barberá ha estado en cuestión desde que se produjo la ''Operación Taula'' en la provincia de Valencia, que destapó una red de comisiones en torno a la empresa Imelsa y sospechas de blanqueo y en la que fueron detenidos 9 de los 10 concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de la capital valenciana, incluida la secretaria del Grupo y tesorera, Mari Carmen García Fuster y el expresidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus.

Las dudas se han cernido sobre ella aunque, de momento, no tiene la calidad de "investigada" en el procedimiento que se está siguiendo en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Ella no ve motivos de momento para dar explicaciones: "No sé de qué debo darlas", dijo al diario La Razón, al que indicó que no se mueve de Valencia "a la espera de que se produzca una clarificación de la situación actual". También dice desconocer por qué se encuentra "como protagonista de la actualidad sin estar investigada ni imputada ni procesada y sin tener nada que ver con todo lo relativo a Imelsa ni a los movimientos en torno al grupo municipal de Valencia".

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

El PP registró el pasado viernes los nombres de sus representantes en la Diputación Permanente, incluida Rita Barberá. El lunes por la mañana la dirección nacional del PP dejó claro que no quería a la exalcaldesa como presidenta de ninguna comisión y ese mismo día se le comunicó al exvicepresidente del Senado Juan José Lucas que sucederá a Barberá al frente de la Comisión Constitucional del Senado.

Fuentes consultadas por Europa Press critican que ''Génova'' haya dado luz verde a su continuidad en la Diputación Permanente del Senado, prolongando su aforamiento incluso si se disuelven las Cortes. En el Grupo Popular hay quien sostiene que ella misma debería haber tenido el "gesto" de pedir que no se la incluyese en ese órgano, dejando claro que "no tiene miedo a la Justicia" y renuncia al aforamiento.

Las mismas fuentes advierten de que la dirección nacional del PP está actuando ahora con Barberá como el PSOE hizo en su día con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se mantuvieron en su escaño hasta junio del año pasado, cuando el Tribunal Supremo confirmó que seguía investigándolos por el caso de los ERE.

Otras fuentes consultadas señalan que, aunque Barberá debería haber dado un paso atrás, comprenden que pueda estar pendiente en este momento de saber qué es lo que hay realmente contra ella antes de tomar cualquier decisión.

En relación a la situación de Barberá, se han pronunciado públicamente varios miembros de su partido, como el expresidente de la Comunitat Valenciana Alberto Fabra, quien ha mantenido este miércoles que es "difícil de creer" que la exalcaldesa de Valencia no supiera nada de lo que sucedía en su grupo municipal cuando "su entorno" está siendo investigado en la operación Taula.

También ha hablado sobre Barberá el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien ha reiterado que él cree que "sería muy generoso" que la exalcaldesa de Valencia "diera un paso atrás", para así evitar que se hable de ella y en cambio sí se hable de varios casos que afectan a los socialistas y a otros partidos.

El jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, quien este miércoles evitó pronunciarse sobre Barberá, ya ha dicho estas semanas en varias ocasiones que si el paso judicial se produce, el partido actuaría contra ella "como con cualquier otro militante".