El Partido Popular volverá este viernes a los Juzgados de Plaza de Castilla por el borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas aunque en esta ocasión, además del asesor jurídico del partido Alberto Durán, también comparecerá en calidad de investigado el partido a través de un representante.
De esta forma, el PP tendrá que asignar a un representante en la que será la primera vez que una formación política declara como investigado después de la última reforma del Código Penal.
La decisión fue tomada por la juez de Instrucción 32, Rosa María Freire, después de tomar declaración la semana pasada a la gerente de la formación, Carmen Navarro, y al entonces responsable de los servicios informáticos, Javier Barrero, por un posible delito de daños informáticos y encubrimiento.
El PP tendrá que designar a la persona encargada de representarle al ser el primer partido que es investigado como persona jurídica tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal --impulsada por el exministro ''popular'' Alberto Ruiz-Gallardón-- que amplía a las organizaciones las responsabilidades penales.
Navarro aseguró ante la juez que los dos ordenadores que Luis Bárcenas tenía en la sede nacional no tenían clave de acceso y estaban vacíos y que, una vez comprobado esto, decidieron proceder a un protocolo de borrado y formateo para asignarlo a otra persona, siguiendo el protocolo que ella misma instauró al asumir la gerencia del PP en 2010.
CONTRADICCIONES EN LAS DECLARACIONES
Javier Barrero, por entonces responsable de informática, negó en su declaración que existiera dicho protocolo. También aseguró ante la juez que los dos ordenadores eran propiedad de Luis Bárcenas, en contra del criterio del PP, ya que como encargado de la compra de material informático jamás había adquirido dichos equipos.
Bárcenas, por su parte, sostuvo ante la juez que en sus ordenadores había recibís que afectaban a "determinados sujetos del PP" y una carpeta sobre los pagos a Libertad Digital relacionados con la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del PP, además de "documentos que afectaban a la campaña electoral".