El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata interroga hoy como testigos en el caso Pujol a nueve consejeros de Isolux Corsán, entre los que figura Javier Gómez Navarro Navarrete, exministro de Comercio y Turismo durante el gobierno socialista de Felipe González.

Los nueve formaban parte del Consejo de Administración de la empresa de construcción e infraestructuras cuando se produjo la adquisición de Azul de Cortés (en la región mexicana de Baja California).

Por esta operación, De la Mata acusa al presidente de Isolux, Luis Delso, de haber pagado 15,2 millones de euros en 2008 a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, por su parte en ese proyecto, que, dos años antes "Júnior" había comprado por solo 1,2 millones.

Los nueve consejeros que declaran este lunes son: Juan José Ávila González, Javier Gómez Navarro Navarrete (exministro socialista de Comercio y Turismo), José Gomis Cañete (vicepresidente de Isolux), Serafín González Morcillo, Antonio Martínez Borrallo, Ángel Serrano Martínez-Estellez, Francisco Moure Barrio, Juan Oderiz San Martín y Antonio Portela.

Para el martes, el juez ha citado, también como testigos, a otros tres miembros del Consejo de Administración -Alberto Leopoldo Rodado, Antonio de Padua Portela Álvarez y Enrique Vargas Tabernero-, así como a dos empresarios -José Augusto Ferrería y José Herrero Egaña (sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. )-

Ese mismo día también comparecerá en calidad de investigado el presidente de Isolux, Luis Delso, que se encontraba ya imputado en esta causa y que también se vio salpicado por las investigaciones del caso Gürtel y la Púnica.

Declarará a petición propia tras el registro de la sede de su empresa en Madrid el pasado 27 de octubre, el mismo día que fue registrada la habitación que ocupaba Jordi Pujol Ferrusola en el domicilio de sus padres, así como en las viviendas de sus hermanos Josep y Pere.

Cuando de la Mata imputó a Delso detallaba que el Grupo Isolux contrató en 2006 a tres sociedades vinculadas con Pujol Ferrusola -Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat y Active Translation- mediante facturas falsas por 1,2 millones de euros.

Al recurrir su imputación, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió mantenerle imputado ante los indicios de que favoreció la entrada de empresas de Jordi Pujol Ferrusola en operaciones mercantiles "por precio irrisorio" para comprarle poco después sus derechos "por pingües cantidades".