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CASO PÚNICA

El caso Púnica se lleva por delante a quince políticos en Madrid

Por Arantxa Bernarte, Madrid, EFE
19/mar/16 10:17 AM
eldia.es
Esperanza Aguirre./MARISCAL (EFE)

Por Arantxa Bernarte, Madrid, EFE A tres consejeros, siete alcaldes y tres diputados regionales de varios partidos, un concejal y un exgerente del PP de Madrid se ha llevado por delante en Madrid el caso Púnica, que ha provocado la dimisión de Esperanza Aguirre y afecta sobre todo a los populares madrileños y puntualmente a otros partidos.

Las 'bajas' políticas que el caso de supuesta corrupción en adjudicaciones públicas han rebasado al PP y de hecho las dos últimas dimisiones han estado en las filas de Ciudadanos: el jueves, dejaba el acta la diputada regional por C's Eva Borox y ayer viernes su marido, Raúl del Olmo, concejal en Valdemoro del mismo partido.

Borox y su marido renunciaron para no perjudicar a la formación naranja después de que el presunto cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, dijera que habían recibido dinero de la misma, extremo que ambos han negado.

Curiosamente, Ciudadanos gobierna la ciudad de Valdemoro tras vencer en las elecciones de mayo de 2015 en el considerado epicentro de la supuesta trama de corrupción.

Desde el 27 de octubre de 2014, cuando se abrió la primera fase de la operación con 37 detenidos, Púnica ha ido sumando investigados -más de un centenar- a medida que han avanzado las pesquisas y declaraciones de los implicados.

Una trama de corrupción municipal y autonómica a través del cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos de administraciones públicas cuyo cabecilla, presuntamente, era el exconsejero de la Comunidad de Madrid -hoy en prisión- Francisco Granados, junto a su socio Marjaliza.

La causa, dividida en doce piezas, está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y entre los imputados, además de Granados y Marjaliza, figuran siete alcaldes madrileños, dos exconsejeros madrileños, o el presidente de la Diputación de León -ya que la trama salpica a León, Valencia o Murcia-.

La primera fase de la operación se saldó con 37 detenidos: Granados, Marjaliza, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga (PP) y los regidores de Parla (José María Fraile), Collado Villalba (Agustín Juárez), Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas Navarro), y Serranillos del Valle (Antonio Sánchez), todos del PP salvo éste último (de Unión Demócrata Madrileña-UDMA) y Fraile (PSOE).

Algo después, en junio de 2015, el juez Velasco citó como imputados a los consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, y de Murcia Juan Carlos Ruiz, así como a los diputados regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno, todos ellos del PP, en relación con lo que fue llamada segunda parte de la operación.

Las nuevas imputaciones provocaron las dimisiones de Victoria y Figar, aún consejeros en funciones, y que no habían integrado ninguna lista electoral para los comicios locales y autonómicos de mayo.

Dentro de esta segunda fase, se ampliaron registros en los ayuntamientos madrileños de Moraleja de Enmedio (cuyo alcalde, Carlos Estrada, y su pareja, fueron detenidos y puestos en libertad después) y de Valdemoro, y se pidieron datos a 11 consistorios de Madrid y de la Comunidad Valenciana.

Otra vuelta de tuerca en el caso: en febrero de 2016 unos nuevos registros llevaron a los investigadores a los despachos y domicilios del empresario Javier López Madrid -consejero de OHL y yerno de Juan Manuel Villar Mir- y del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner.

Por sorpresa, el domingo 14 de febrero Esperanza Aguirre anunciaba su dimisión como presidenta del PP de Madrid "por responsabilidad políticas" tras estos hechos, aunque es cierto que meses antes ya había anunciado que no se presentaría a la reelección en el próximo congreso del partido.

Los dos últimos 'escaños' caídos por el caso han sido el de Borox en la Asamblea y el de su marido en el Ayuntamiento de Valdemoro, afectando a Ciudadanos a pesar de que formaban parte del PSOE en el momento en el que Marjaliza les vincula con los cobros irregulares.

Así, sólo en Madrid suman una quincena los políticos que se ha llevado por delante la trama, cuya investigación, en todo caso, sigue abierta.

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