Un total de 22 de los 350 diputados electos el pasado 20 de diciembre deben precisar al Congreso antes del 10 de abril el alcance de las actividades públicas o privadas que realizan al margen de la Cámara Baja, un trámite que aún no han completado pese a que ya han pasado más de tres meses desde que se constituyeran las Cortes, según avanzaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La Comisión del Estatuto del Diputado, encargada de dar el visto bueno a las tareas que sus señorías llevan a cabo al margen del Congreso, se ha reunido este miércoles por primera vez en esta legislatura para comenzar a examinar los ''trabajos'' extraparlamentarios de sus señorías antes de decidir si se las autorizará o no.

En ese análisis se ha confirmado que hay una veintena de parlamentarios que presentaron alegaciones o que aún están pendientes de documentos sobre las actividades que realizan fuera del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. A todos ellos la citada comisión les ha puesto un límite de tiempo para resolver todo el papeleo: el próximo 10 de abril.

HABRÁ AL MENOS OTRA REUNIÓN MÁS

Y, además, ha decidido volver a reunirse a la semana que arranca el 18 de abril con el fin de tener finiquitado el examen de toda la documentación antes de elevar el consiguiente dictamen al Pleno, que será el que dará definitivamente el visto bueno a las diferentes actividades extraparlamentarias de sus señorías. Esa votación en el hemiciclo podría incluso no llegar a producirse si finalmente las Cámaras se disuelven a principios de mayo por repetición de elecciones.

Si la legislatura sigue adelante, tras el aval del Pleno, el Congreso de los Diputados procederá a publicar las actividades que los diputados realizan fuera del Palacio de la Carrera de San Jerónimo en el Boletín Oficial de las Cortes y a través de su página web.

Al inicio de cada legislatura, todos los diputados tienen que rellenar un formulario en el que deben especificar todos los cargos públicos que ostentan, sus actividades privadas por cuenta propia o ajena, los ingresos que puedan percibir con cargo al sector público o cualquier otra tarea retribuida que realicen.

Los servicios jurídicos de la Cámara han ido analizando desde el pasado mes de enero toda esta documentación pidiendo aclaraciones a un centenar de parlamentarios con el fin de que la Comisión del Estatuto del Diputado pueda decidir si permite o no compatibilizar esas actividades con el trabajo parlamentario.

La mayoría de los diputados a los que se les pidió más datos sobre sus actividades, entre los que se encontraba el exdiputado del PP y ahora miembro del Grupo Mixto Pedro Gómez de la Serna, ya resolvió las dudas planteadas por el Congreso o han procedido a renunciar a las tareas que son incompatibles con sus escaños, si bien queda una veintena por aclarar su situación.

¿DEDICACIÓN EXCLUSIVA?

Según la ley electoral, los diputados y senadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, no pudiendo desempeñar ninguna actividad pública o privada ni percibir retribución alguna con cargo a los presupuestos públicos, aunque permite excepciones si son autorizadas por la Cámara.

De hecho, es frecuente que se permita a los parlamentarios ejercer la abogacía, impartir clases o cursos, ocupar cargos municipales y participar en sociedades. El PSOE de Pedro de Sánchez prometió que sus diputados tendría dedicación exclusiva y sólo podrían compatibilizar el escaño con la docencia y con la participación en tertulias entiendo éstas como una parte más de su labor parlamentaria. Pero, eso sí, en ambos casos sin cobrar.

El reciente acuerdo de investidura suscrito por PSOE y Ciudadanos también contempla el compromiso por la dedicación exclusiva de diputados y senadores, así como por reforzar la transparencia en las declaraciones de actividades y bienes, dotando a la Comisión del Estatuto del Diputado de la capacidad de comprobar de la veracidad de los datos ofrecidos por su señorías.