El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas ha negado haber cobrado cuantías próximas a los 1.000 euros por asistir a un foro jurídico organizado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), al tiempo que ha manifestado que entonces no estaba siendo investigada y que su participación en jornadas de esta naturaleza nunca ha afectado a su actuación judicial. "Estaría encantado de que nos prohibieran asistir a este tipo de conferencias", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

El magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha afirmado que la asociación, presidida por Luis Pineda, pagaba "poco" para el trabajo que conllevaba preparar durante los fines de semana la conferencia y ha recordado que de la escasa cuantía se tiene que detraer la parte por la que se tributa a Hacienda.

Al ser preguntado sobre su participación en 2010 en uno de los Foros de la Justicia organizados por Ausbanc, a los que asistieron otros jueces, fiscales y profesionales jurídicos, Salas ha manifestado que "estaría encantado" de que se prohibiera por ley a los togados asistir a cursos o jornadas públicos para evitar verse en esos compromisos.

En cualquier caso, el magistrado ha manifestado que siempre ha actuado con imparcialidad y de acuerdo a la ley en los asuntos en los que Ausbanc ha litigado en el Supremo, donde se ha llegado a poner en contra de la línea mayoritaria y la posición de la asociación. A su juicio, si se dice ahora que las sospechas gravitaban desde hace años sobre esta asociación, las Fuerzas de Seguridad tendrían que haberlo investigado antes.

"1.000 EUROS ES UNA LOCURA"

Otros de los asistentes a los eventos jurídicos de Ausbanc han negado haber cobrado esas cantidades y han considerado que 1.000 euros es una suma "desproporcionada". "Es una locura, una barbaridad", señalan a Europa Press algunos de los intervinientes, que prefieren mantener el anonimato, y que añaden que la participación en ese tipo de foros suele rondar entre los 70 y los 200 o 300 euros.

Ausbanc invitó a otros profesionales del sector de la Justicia a sus foros, como el actual vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, o los magistrados Xavier O''Callaghan, Jaime Requena o el fiscal jefe de Las Palmas Guillermo García-Panasco, según aparece en la página web de Ausbanc.

La participación de jueces o fiscales en los actos organizados por Ausbanc no forma parte en este momento de la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a la vista de que los hechos no revisten naturaleza delictiva y sería una cuestión que, en todo caso, compete al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigar si los jueces incurrieron en causas de abstención en los pleitos de Ausbanc, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha emitido este una declaración de carácter institucional en la que defiende la presencia de jueces en foros jurídicos como los que organizaba Ausbanc y ha defendido que su participación "contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad".

Según apunta el Consejo, la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible, según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible "con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas".

Añade que el artículo 327.1 Reglamento de la Carrera Judicial también establece que "el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la Carrera Judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos".

Pedraz investiga al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. Atribuye estos tres últimos al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quien también se encuentra en prisión desde el pasado 18 de abril por la operación ''Nelson''.

El juez sospecha que Pineda aprovechó la "cobertura" de la defensa de los consumidores para "coaccionar" a entidades bancarias, alcanzar "acuerdos económicos enmascarados" en contratos publicitarios y conseguir un beneficio "personal" utilizando en su provecho a Manos Limpias.