Reconocidos economistas del ámbito nacional abogan por dotar a las Comunidades Autónomas de un mayor control sobre los ingresos y exigirles a cambio una mayor responsabilidad sobre la financiación de sus decisiones de gasto.

En un debate en el Círculo de Economía, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, ha explicado en este sentido que este déficit de autonomía y corresponsabilidad fiscal de las CCAA comporta una ausencia de incentivos para la racionalización de las políticas de gasto.

Ha apuntado también que es "necesario" simplificar el sistema de financiación actual y reducir el nivel de desigualdad existente entre territorios en términos de financiación por habitante ajustado.

Los pasados 11 y 12 de febrero, la Fundación Olof Palme y FEDEA reunieron en S''Agaró (Girona) a un grupo de economistas con posiciones muy variadas en materia de hacienda autonómica para debatir sobre los problemas y soluciones de la financiación de las Autonomías, cuyas conclusiones han presentado hoy en Barcelona.

"Debemos ir desmontando el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) porque ahora mismo está generando todo tipo de problemas y deja a las comunidades autónomas en una posición excesivamente dependiente del gobierno central", ha apuntado de la Fuente.

Otro punto sobre el que hubo un acuerdo general fue en que no es necesario cuestionar el sistema foral, ya que "bastaría con mejorar el cálculo del cupo y la aportación", aplicando la normativa existente, "para ir acercando los resultados de ambos sistemas a largo plazo, en unos 20 años", ha dicho el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza Julio López.

Por contra, algunas de las principales diferencias entre los expertos tienen que ver con el criterio de equidad que debería aplicarse en el reparto de recursos entre regiones.

El director del departamento de Economía e Historia de la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro, ha apuntado que son "necesarias" una serie de reformas entre las que están el ajuste de las variables de reparto, la mejora del cálculo de la recaudación normativa y la inclusión explícita del objetivo del déficit.

En su opinión, el Estado debería aportar recursos adicionales al sistema de financiación por un importe de entre el 0,5 % y el 1 % del PIB (esto es, entre 5 y 10 mil millones de euros).

Así, el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, se ha mostrado taxativo al asegurar que el actual sistema de financiación autonómica "debería ser uno de los primeros problemas que debe abordar la próxima legislatura".