La Plataforma para la Defensa del Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana ha reclamado hoy una "profunda reforma" del sistema de acogida para adaptarlo a las necesidades de los menores y velar por el futuro de los que alcanzan la mayoría de edad.
En declaraciones a Efe, la presidenta de la Plataforma, Ana Alabort, ha denunciado que el año pasado 482 jóvenes que cumplieron 18 años abandonaron los centros de acogida para ir directamente a la calle, donde se enfrentan a problemas de delincuencia y prostitución y están abocados a ser padres de futuros menores tutelados.
En la Comunidad Valenciana hay casi 4.000 menores tutelados por la administración, niños que han sido apartados de sus familias biológicas por sufrir malos tratos, abusos sexuales, falta de cuidado y otros que han sido abandonados por sus padres algunos de ellos nada más nacer.
Algunos de estos menores (1.105) residen en centros de protección y el resto en familia extensa (miembros de la familia biológica del menor que se ocupan de su cuidado) o educadora (las que voluntariamente se ofrecen para cuidar a los menores).
Alabort ha denunciado que durante las últimas décadas se ha primado el ahorro económico al bienestar y las necesidades de los menores tutelados y se han llevado a cabo políticas "erróneas" que han derivado en la privatización de gran parte de los recursos relacionados con el sistema de protección, justificada en base a un "necesario ahorro de costes".
"Los recursos gestionados por las empresas privadas, centros de protección, puntos de encuentro, entidades de seguimiento, etc deben volver bajo control de la administración valenciana o en su defecto, que se realice un control exhaustivo del funcionamiento, contratación y gestión de esos recursos a empresas o personal especializado, ante la poca eficacia del modelo privado", ha reclamado.
Además, ha subrayado que los menores tutelados requieren programas de emancipación una vez alcanzan la mayoría de edad, ya que en su reinserción social "se ven abocados a la marginalidad, delincuencia y pobreza extrema".
Por ello, ha pedido que se doten de fondos a las familias de acogida para garantizar la continuidad de su desarrollo personal.
También ha instado a la administración a poner en marcha programas de fomento del acogimiento familiar, programas de apoyo y formación continua a las familias y que se realice un chequeo médico a los menores que ingresan en un centro o son derivados a una familia de acogida.