El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha destacado hoy la amplia reforma penal que se ha acometido para luchar contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, unos fenómenos que ve "en clara y sostenida expansión en España".

El secretario de Estado ha participado hoy en una mesa redonda sobre la respuesta de la justicia penal a la nueva realidad tecnológica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde ha destacado que en el año 2015 se produjeron en España 60.400 ciberdelitos, un 67,9 % de ellos fraudes informáticos y un 16,8 % amenazas y coacciones.

Durante los cinco primeros meses de 2016, el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad e Industria (CERTSI) gestionó 204 incidencias contra infraestructuras críticas, mientras que en todo el año 2015 se comunicaron 134.

Martínez ha destacado la adecuación del marco jurídico frente a esta realidad "dinámica", que se ha concretado en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fortaleciendo así las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Según Martínez, "se trata de una reforma ambiciosa" mediante la que se han incorporado nuevos tipos penales fundamentalmente en tres ámbitos.

Así, se han tipificado delitos como el childgrooming (acoso a menores a través de Internet) o el sexting (difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, aun habiéndose obtenido con el consentimiento del afectado) para proteger a los menores.

En el ámbito de los ataques contra los sistemas de información, ahora se tipifican conductas como la interceptación de datos informáticos o la facilitación de programas diseñados para cometer este tipo de delitos.

La reforma penal también se centra en los delitos de terrorismo, tipificando como delitos conductas como el adoctrinamiento, la captación o la formación, tanto activa como pasiva, así como el enaltecimiento, la humillación a las víctimas o la incitación a la comisión de delitos de terrorismo.

El secretario de Estado ha destacado también la figura del agente encubierto, que permite actuar bajo identidad supuesta en canales cerrados.

Martínez ha dicho que la "adaptación del marco jurídico penal a la nueva realidad tecnológica no es un producto terminado, sino un producto en construcción", puesto que los cambios tecnológicos y sociales hacen necesario un esfuerzo de adaptación permanente de las normas penales.