La Guardia Civil ha detenido hoy al interventor y al secretario del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en una operación en la que el juez indaga si el dueño del grupo empresarial GBI, también arrestado, hizo cuantiosas donaciones a la fundación Catdem, vinculada a CDC, a cambio de adjudicaciones irregulares.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, en la operación, que sigue abierta, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Blanes (Girona) investiga una supuesta trama de adjudicaciones millonarias de servicios, aparentemente preparadas a medida, en beneficio del grupo GBI.

El propietario de la compañía, Gustavo Buesa, que hoy ha sido detenido, es uno de los principales donantes de la Fundación Catdem, afín a CDC, y permanece imputado por la Audiencia Nacional por presunto pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola, con quien comparte algunos negocios.

En la operación, en la que se ha registrado la sede de GBI y el Ayuntamiento de Lloret, se ha detenido tanto a Buesa, que mañana pasará a disposición judicial, como al secretario municipal y al interventor del consistorio, que ya han quedado en libertad a la espera de ser citados por la justicia próximamente.

Según la Fiscalía Anticorrupción, que coordina el dispositivo, la investigación se centra en la contratación supuestamente irregular por parte del Ayuntamiento de Lloret de Mar, un tradicional feudo de CiU y ahora de CDC, a empresas del grupo GBI por servicios relativos a la recogida de basuras y limpieza de playas y de gestión y obras del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales.

La Guardia Civil sostiene que estas supuestas irregularidades se extienden "a escala provincial o incluso autonómica" y que se investiga también si pudo haber "cuantiosas" donaciones a favor de determinadas fundaciones.

Fuentes de la investigación consultadas por Efe han precisado que las sospechas se centran en las donaciones que Buesa ha hecho en los últimos años a la fundación Catdem, vinculada a CDC, y que el propio empresario ha reconocido públicamente porque se define como "catalanista y demócrata".

En una comparecencia en la comisión de investigación del Parlament sobre el "caso Pujol", Buesa admitió en marzo de 2015 que había realizado varios negocios con Jordi Pujol Ferrusola, en México y en Tivissa (Tarragona), y que había hecho donaciones a la Catdem además de conceder un préstamo de 50.000 euros a UDC -los antiguos socios de Convergencia en la ya desaparecida coalición CiU-.

El juez también investiga, según las fuentes consultadas, presuntos tratos de favor por parte de GBI a familiares de cargos municipales a cambio de que intercedieran para facilitar que en 2011 el grupo se adjudicara el contrato del servicio de basuras.

La investigación arranca del caso Clotilde, en el que fue condenado a nueve años de inhabilitación el exalcalde de CiU Xavier Crespo por aceptar regalos de un supuesto mafioso ruso a cambio de facilitar sus proyectos urbanísticos en Lloret de Mar.

En el marco de aquella investigación, se descubrió una supuesta trama de adjudicaciones millonarias de servicios, aparentemente preparadas y publicadas a medida, en beneficio de GBI Serveis, a través de un "complejo entramado de sociedades mercantiles con ramificaciones en otros países", según la Guardia Civil.

Entre las adjudicaciones sospechosas a GBI Serveis se investiga el contrato de servicios de basura por 7,9 millones de euros anuales que el Ayuntamiento de Lloret le concedió de urgencia en 2011, en el último pleno del mandato de Xavier Crespo, por un periodo de diez años, lo que suponía unos ingresos para el grupo de cerca de 80 millones.

En las pesquisas realizadas sobre este contrato se desprende, según la Guardia Civil, que GBI se apropió de medios materiales propiedad del consistorio de Lloret, parte de los cuales habrían sido transferidos a terceras personas o utilizados por el grupo en otros servicios ajenos a la adjudicación, incluso en el extranjero.

Otro de los contratos bajo sospecha, según la Guardia Civil, es el que GBI consiguió por valor de casi 30 millones para la construcción del centro de tratamiento de residuos municipales de Lloret de Mar.

En la investigación se acusa a los detenidos de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude, apropiación indebida y tráfico de influencias, entre otros.

Con la operación aún en marcha en Lloret, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido que la corrupción existe, pero ha censurado a los que intentan "ensuciar" al independentismo "fabricando pruebas" y usando "recursos públicos", en alusión al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Por contra, la líder de Ciudadanos (C''s), Inés Arrimadas, ha solicitado la comparecencia del presidente catalán sobre este caso, mientras que el del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que "por mucho que CDC intente cambiar su nombre y su pasado, la sombra del pujolismo le sigue persiguiendo".