La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lamenta que la explicación ofrecida por la Dirección General del cuerpo sobre el caso de abuso sexual de un sargento a una agente subordinada contiene información "sesgada" que defiende los intereses de la institución pero olvida los de la víctima.
De esta forma, la AUGC responde de nuevo al comunicado de la Dirección General -el segundo en poco menos de 48 horas- desde que la asociación denunciara públicamente el caso y acusara directamente al responsable del instituto armado de actuar "tarde, mal y de forma irresponsable".
Críticas a las que ayer contestó la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado en el que defendía que se habían adoptado "inmediatamente" las medidas cautelares contra el sargento O.M.G., acusado de violar y hacer abortar a una agente, al ser suspendido de sus funciones nada más recibir el auto de procesamiento.
Lejos de aceptar estas explicaciones, la AUGC ha difundido hoy a los medios otro comunicado en el que considera que los argumentos de la dirección "tratan de menospreciar a la mayor asociación profesional de Guardias Civiles" y deja claro que la víctima "es lo que menos importa".
También creen que "el protocolo de acoso es lo que ha fallado en este caso", ya que "nunca llegó a iniciarse".
En el comunicado, la AUGC ratifica que "la Guardia Civil podía haber adoptado medidas disciplinarias, suspensión de funciones cautelares, y hasta la propuesta de pedida de destino, sin necesidad de esperar al auto de procesamiento, como establece la ley".
"Instamos al próximo Gobierno encargado de nombrar al futuro responsable de la Guardia Civil a que no incurra en error en su elección, y que escoja a una persona bien formada y que entienda que las personas y los derechos fundamentales son lo primero", ha manifestado la AUGC en el comunicado.
La asociación ha hecho un llamamiento a la clase política para que se produzcan cambios en "una Institución donde conviven 78.000 personas".
El sargento O.M.G. está acusado de delitos de violación, abusos y acoso sexual y laboral hacia una compañera del cuerpo, unos hechos que ocurrieron durante cuatro años en la provincia de Murcia.