Todos los consejeros autonómicos socialistas de Educación exigen la "derogación" del real decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, y avisan de que "no contará" con su colaboración en caso de que el Ministerio de Educación persista en su aplicación.
En un comunicado conjunto, urgen también a que se convoque la Conferencia Sectorial, "como muy tarde en la primera semana de septiembre", anuncian que pedirán explicaciones al ministro de Educación por la forma en que se ha aprobado -el viernes pasado por un gobierno en funciones- y consideran que se trata de un "despropósito", un "atropello" y una "provocación".
"El Gobierno debe saber que no se puede ni se debe gobernar contra la mayoría y que, si lo hace, pone en grave riesgo el sistema democrático. Es hora de poner fin a esta forma de actuar", enfatizan.
Creen que todo esto merece una "respuesta democrática de toda la comunidad educativa y de las administraciones públicas" opuestas a esta norma, por lo que han decidido impulsar "un gran acuerdo" en cada una de las comunidades para manifestar tal "rechazo" y pedir la derogación "inmediata".
Los consejeros entienden que se pone de manifiesto la "incapacidad" de este gobierno y del Partido Popular para alcanzar el más mínimo acuerdo educativo.
Se trata, además, de un "verdadero atropello a la voluntad democrática" manifestada por la comunidad educativa en numerosas ocasiones, por todas las fuerzas políticas (salvo el PP) y el sentir "mayoritario" de la Conferencia Sectorial de Educación.
Sólo las consejerías gobernadas por el PP manifestaron su apoyo al proyecto de decreto en su momento (5 de 17 comunidades), según los socialistas.
"La aprobación es, por encima de todo, una provocación -subrayan-, un modo de demostrar que con mayoría absoluta o sin mayoría absoluta el Partido Popular no va a cejar en su empeño de llevar hasta sus últimas consecuencias los cambios previstos en la Lomce".
Las comunidades con consejero socialista de Educación son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura.