El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha incidido en que actualmente el Gobierno está en funciones, y como tal, existe "una serie de limitaciones para poder hacer cosas", siendo una de ellas poder presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, ha incidido en que se está trabajando para poder dar "una solución y encontrar una salida a este problema de gestión presupuestaria de las comunidades autónomas".

De igual modo, sobre la petición de la Junta de que el Ministerio de Hacienda renuncie a un posible "chantaje" al intentar condicionar la elaboración de presupuestos autonómicos con el desbloqueo político, Ferre ha dejado claro que "éste Gobierno no ha chantajeado a ninguna comunidad autónoma".

Es más, ha dicho que "más bien al contrario, en los cuatro años el espíritu de colaboración a la hora de la aplicación de políticas presupuestarias ha sido constante y tenemos todos los instrumentos de financiación para que las comunidades autónomas puedan financiarse a precios razonables, la propia gestión de los Consejos de Política Fiscal y Financiera", pero "tenemos una referencia que son esos objetivos de déficit que nos conviene a todos cumplir", ha sostenido, rechazando las críticas de la Junta sobre un posible "chantaje" al hacerlo coincidir con el desbloqueo político.

Ferre, que ha asistido a la inauguración en Málaga de las 40 Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales, ha sido cuestionado por las posibles negociaciones con el PSOE debido al bloqueo político y ha recordado que la situación de partida "es que el Gobierno actual está en funciones", una situación, de la que ha dicho, "se ha dado así, no es deseada especialmente por este Gobierno".

Ha dicho que "este Gobierno y su presidente, Mariano Rajoy, ha dado muestras de intentar conseguir una investidura, pero lo cierto es que estamos en funciones y como tal Gobierno en funciones la ley nos pone una serie de limitaciones para poder hacer cosas".

En este punto, se ha referido a no poder presentar proyectos de ley, y, en concreto, el de Presupuestos Generales del Estado, que ha recordado, "es el que marca y del que se deriva, entre otras cosas, cuáles son las entregas a cuenta que se hacen a todas y cada una de las comunidades autónomas para que puedan hacer sus presupuestos".

"Como no se puede hacer un proyecto de ley pues no se puede hacer de momento", ha afirmado, destacando, no obstante, que el Ejecutivo está "trabajando para poder dar una solución y encontrar una salida a este problema de gestión presupuestaria de las comunidades autónomas".

En este sentido, ha explicado que "hay unas modificaciones normativas que se pueden producir y se está evaluando el impacto que pueden tener", pero que, ha advertido, "en todo caso necesitaría en su momento del apoyo de otros grupos políticos en las cámaras, como no puede ser de otra manera".

Por otro lado, cuestionado, en concreto, sobre algunas medidas consideradas urgentes en las que se está tratando de llegar a consenso, Ferre ha incidido en que el Ejecutivo "está trabajando en encontrar una solución jurídica, económica y presupuestaria que sea satisfactoria y útil para todos, para el conjunto del sector público, las comunidades, la Administración del Estado y los ciudadanos".

Se ha referido a los plazos conocidos en relación con el procedimiento del déficit excesivo con la UE, pero, ha dicho, "no cambia el contenido de mi contestación: lo que estamos en el Gobierno es trabajando en el análisis de las posibles alternativas que hay".

SITUACIÓN "INSÓLITA"

"Estamos trabajando y estudiando las posibles alternativas, porque esta situación es insólita, es inédita y no se ha dado anteriormente en la gestión de presupuestos de España hasta la fecha en que yo recuerdo ni en gestión política", ha señalado, por lo que, ha agregado, "como tal situación inédita e insólita necesita de unos estudios y análisis específicos".

La Junta ha urgido al Ministerio de Hacienda a llevar "cuanto antes" al Congreso la "modificación del techo" del objetivo de déficit para 2017, que permite a las comunidades autónomas pasar del 0,1 a 0,5 por ciento.