Las comunidades autónomas han acordado pedir que los estudiantes que no quieran ir a la Universidad el próximo curso que no hagan la prueba final de Bachillerato, conocida como "reválida", ya que en su primer año de implantación no es obligatorio aprobarla para conseguir el título de bachiller.
Así consta en el comunicado conjunto de las autonomías tras reunirse el pasado martes en Valladolid con representantes del Ministerio de Educación, donde analizaron la situación de la reválida de Bachillerato que fija la Lomce, según ha informado hoy en una nota el Gobierno de Canarias.
Los directores de Universidades de las comunidades señalan en su documento que resultaría "preferible prorrogar" al menos un curso académico el actual sistema de Prueba de Acceso Universitario (PAU) o Selectividad.
Más si cabe cuando la prueba tiene este curso 2016-17 "un carácter transitorio" y no tiene efectos académicos para obtener el título de Bachillerato, aunque su nota sí es necesaria para optar a la Universidad.
En el caso de que la prueba tenga lugar, consideran "deseable" que se asemeje lo máximo posible a la Selectividad.
Y, de manera particular, solicitan que quede "suficientemente explícito que se trata de una prueba obligatoria exclusivamente para el acceso a la Universidad" sin que sea necesario hacerla para todo aquél que "no aspire" a los estudios universitarios.
Además, las comunidades aseguran que la nueva prueba de Bachillerato "encarece su coste" y recae en ellas "sin que el Ministerio haya previsto la debida financiación".
Por ello, en el documento piden al Gobierno que garantice la viabilidad económica de la prueba porque sin "la garantía de este soporte financiero difícilmente podrán hacer frente a su organización".
Por último, las comunidades instan al departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo a que "se aclare de forma urgente la fórmula final que se empleará para realizar la prueba" y solicitan que se les convoque para explicar el desarrollo de la prueba, ya que las comunidades son "las responsables" de implantarla y las encargadas de "negociar" con las Universidades, las familias y la comunidad educativa.