El titular del juzgado de Instrucción número 1, Joaquín Elías, ha imputado por el caso Inipro a la portavoz del gobierno de Tarragona, Begoña Floria, y al exjefe de gabinete, Gustavo Cuadrado, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Este juzgado investiga los detalles de la contratación de Inipro, empresa muy vinculada al PSC, para dar un servicio de atención a los inmigrantes.

El magistrado Joaquín Elías ha decretado el levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada número 1 del caso Inipro, y vuelve a citar como investigado (la figura jurídica antes conocida como imputado) a Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC).

Además, en el mismo auto añade a la lista de investigados por el mismo caso a la portavoz del equipo de gobierno del consistorio, Begoña Floria (PSC).

Tanto Cuadrado como Floria están citados a declarar el 19 de enero del 2017.

Asimismo, cita a personarse en la causa como partícipe a título lucrativo al propio PSC, delimitando su responsabilidad, en este momento, hasta el importe de la cantidad desembolsada para sufragar el contrato adjudicado a Inipro, esto es 337.168,97 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tarragona ha expresado hoy en un comunicado su "confianza y colaboración" con la Justicia después de que Begoña Floria haya sido citada a declarar.

La pieza separada número 1 del caso Inipro trata de investigar hasta dónde se extiende el asunto ya que, si bien la causa principal ya no estaba bajo secreto de sumario, sí continuaba estándolo la pieza separada, que se abrió a raíz de un disco duro aportado ante la Guardia Civil por una persona que en su día declaró ante el magistrado como testigo.

El contenido de este disco duro, que se sospecha pertenecería al exgerente del Instituto Municipal de Serveis Socials (IMSS), Antonio Muñoz, podría implicar a Cuadrado en la contratación de Inipro por parte del IMSS.

En el auto, el magistrado Elías infiere que, según sus investigaciones, el IMSS "no seleccionó a Inipro por ser la empresa que presentaba la oferta más ventajosa por el servicio contratado".

"Al contrario, sospecho que el proceso debió ser a la inversa: ante la necesidad de contratar a determinadas personas cercanas al partido, se buscó una sociedad que pudiera llevar a cabo esta empresa, dándole la apariencia de una contratación pública", señala el auto.

El juez refiere una serie de correos electrónicos entre Cuadrado, el gerente del IMSS, Antonio Muñoz, y su homólogo en Inipro, Ricard Campàs, y argumenta que "en realidad, el negocio no era con el Instituto Municipal, sino con el partido, y el sr. Muñoz tan solo fue una pieza necesaria para dar cobertura legal a la voluntad última, contratar a determinadas personas para realizar trabajos en beneficio del PSC".

El juzgado número 1 de Tarragona investiga los detalles de la contratación de Inipro, empresa muy vinculada al PSC, para dar un servicio de atención a los inmigrantes.

Los trabajos se prorrogaron dos años de forma irregular porque no se convocó ningún concurso ni procedimiento negociado, y por la documentación requisada en varios registros se investiga también a los ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans.

El juez investiga los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas cuando en estos tres consistorios gobernaba el PSC.