El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se estrenará este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso debatiendo sobre pobreza energética con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, lo que le ha llevado a descartar en esta ocasión una pregunta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Según orden del día de esa sesión de control, que recoge Europa Press, Unidos Podemos formulará cuatro preguntas orales al Gobierno, las que le correspondían según el reparto que fijó la Junta de Portavoces el martes. Sin embargo, ninguna de ellas la hará el líder de la formación morada, a quien le correspondía preguntar a Rajoy en esta primera sesión de control de la legislatura, según ese reparto.
EL DEBATE LARGO
Según ha explicado el propio Iglesias en declaraciones a los medios este martes, ha preferido reservarse su pregunta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para el próximo Pleno, y contar con más tiempo en la sesión de este miércoles, en la que mantendrá un debate ''cara a cara'' con Nadal con su interpelación "sobre la situación de pobreza energética en la que viven más de cinco millones de personas en nuestro país".
"Nos preocupaba que, si además de una interpelación sobre pobreza energética, yo preguntaba al presidente del Gobierno, una de las dos noticias desapareciera. Entonces prefiero mañana (por hoy) hacer la interpelación y reservarnos la pregunta para la siguiente semana", ha aclarado.
Según el texto registrado, Pablo Iglesias hará especial hincapié en conocer cuáles son "las medidas de protección previstas por el Gobierno de España para el cese en la violación de derechos".
Unidos Podemos ha achacado al Gobierno y a las empresas eléctricas, en concreto, de Gas Natural Fenosa, la "responsabilidad política" de la muerte de la mujer de 81 años que carecía de suministro eléctrico. Esta vecina de la localidad tarraconense de Reus murió en la madrugada del 14 de noviembre tras incendiarse su vivienda por una vela con la que iluminaba su piso, ya que tenía cortado el suministro eléctrico desde hacía dos meses.
De hecho, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea convocó manifestaciones este sábado 19 de noviembre frente todas las oficinas de esta compañía eléctrica "en repulsa" de esta muerte. "Es vergonzoso que mientras algunos presumen de recuperación económica, mientras los ejecutivos del Ibex 35 no han dejado de acumular beneficios y planes de pensiones escandalosos, haya ciudadanos que puedan estar en riesgo de morir por no pagar la luz o la calefacción", aseguró Iglesias la semana pasada. PREGUNTAS A MONTORO, BÁÑEZ, DE LA SERNA Y TEJERINA
Pero antes de las interpelaciones y del estreno de Iglesias, la sesión de control comenzará con las preguntas orales al Gobierno. De las cuatro preguntas de Unidos Podemos, una de ellas la firma el portavoz en el Congreso del grupo confederal, Íñigo Errejón, y está dirigida al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. El secretario Político del partido morado quiere saber si es cierto que el Gobierno tiene previsto "reducir el techo de gasto "en aproximadamente 3.000 millones de euros".
Por su parte, el portavoz adjunto del grupo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, preguntará a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, si el Gobierno tiene pensando "dar soluciones concretas al estado precariedad laboral estructural que combina tasas de desempleo de cerca del 20% con más de 3.500.000 personas cobrando menos de 300 euros al mes".
Las otras dos preguntas corresponden a las confluencias catalana y gallega. Por un lado, el diputado de En Comú Podem, Félix Alonso, preguntará al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "cómo piensa resolver el caos ferroviario que afecta a Cataluña".
Por otro lado, el diputado de En Marea, Antonio Gómez-Reino Varela, dirigirá su cuestión a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y quiere saber "qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno en relación con la intención de la Unión Europea de imponer a España una multa de 46,5 millones de euros por incumplir las normas de depuración de aguas residuales en 17 aglomeraciones urbanas de todo el Estado".