El Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño ha ordenado investigar, por un presunto delito urbanístico, 69 parcelas ubicadas en el municipio riojano de Villamediana, entre las que figura el chalé del vicepresidente primero del Senado y ex presidente del Gobierno de La Rioja (1995-2015), Pedro Sanz.

En el auto, según informan varios medios de comunicación, también se pide instruir una nueva causa por un posible delito de prevaricación contra el ex alcalde de Villamediana, el popular Tomás Santolaya y siete concejales -seis del PP y uno del Partido Riojano-, que en un pleno de mayo de 2013 votaron a favor del Plan General Municipal, con el que se "legalizaron" esas construcciones.

El auto solicita averiguar si esa decisión "discrecional" del planeamiento municipal se ha basado en motivo "espurios" por permitir la legalización de la vivienda familiar autónoma del entonces presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, y actual presidente del PP de La Rioja, que se ubica en el sector investigado.

También alude a la "súbita" legalización acometida en 2013 y apunta que podría evidenciar la realidad de "una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular".

Estas parcelas se construyeron en un sector de suelo no urbanizable, pero fue declarado "urbanizable" con la aprobación del Plan General Municipal de Villamediana, que tiene unos 7.700 habitantes y está a unos nueve kilómetros de Logroño, en el pleno del 21 de mayo de 2013, por lo que esas 69 parcelas pasaron a ser "legales".

Entre esas parcelas figura una de Pedro Sanz, en la que el PSOE de La Rioja, ya en 2013, denunció que había pasado de ser una caseta de aperos de unos doce metros cuadrados a convertirse en una vivienda unifamiliar de más de doscientos, tras tres reformas acometidas desde 2008 hasta 2012.

En el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño también se pide "instruir diligencias" respecto a esas 69 construcciones para conocer, entre otros datos, la identidad de los propietarios, la extensión de la parcela y la fecha de construcción de "la vivienda unifamiliar o de la ampliación de la caseta de aperos hasta la conversión en vivienda residencial".

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2014 aludía a "la proliferación de construcciones ilegales" en Villamediana de Iregua, en cuyo gobierno municipal veía "una omisión absoluta de las funciones de vigilancia urbanística".

Indicaba que ello se mantuvo en el tiempo de forma que "hacía imposible aceptar cómo en un término municipal de tan reducido tamaño no se hubiera tenido conocimiento de las construcciones que de forma continuada se habían ido realizado en suelo no urbanizable, sin licencia que las amparase o con licencia solicitada con evidente interés en sortear las limitaciones legalmente impuestas y que fueron consentidas por aquellos por su falta de vigilancia".