La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, reconoce que desde que hace tres años se aprobó la Ley de Transparencia las Administraciones Públicas han avanzado mucho en este terreno, aunque para mejorar tienen que dar los pasos necesarios "un poco más deprisa".

Arizmendi ha expuesto esta opinión en una jornada conmemorativa del tercer aniversario de la Ley de Transparencia, celebrada en la Residencia de Estudiantes, a la que ha asistido la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, José Luis Escrivá.

Junto a ellos, el viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el alcalde de Alcobendas (Madrid), Ignacio García de Vinuesa, han explicado su percepción sobre las prácticas en favor de la transparencia en sus respectivos ámbitos de competencia.

Todos han coincidido en resaltar la importancia de una normativa que ahora cumple tres años y han hecho hincapié en cómo el acceso a la información institucional, contable y estadística a través de las páginas web oficiales constituye uno de los pilares para lograr el máximo acercamiento de los ciudadanos a la Administración.

Esther Arizmendi ha subrayado que cumplir con la Ley de Transparencia no debe ser una "losa" para las entidades públicas, sino un "ejercicio democrático", y ha recordado que la información pertenece al ciudadano y no a la Administración.

Aunque ha señalado que la transparencia "sigue siendo molesta" para quien guarda la información, gracias a la implantación de la ley se avanza "por el buen camino" y sólo falta acelerar los tiempos para que España alcance a otros países que la consideran algo completamente cotidiano.

La defensora del Pueblo ha centrado su intervención en explicar el empuje que se ha dado a la nueva página web de la institución, que en sólo un mes de vida ha tenido 60.231 visitas y que ha servido para tramitar 780 quejas "online" de los ciudadanos.

En su vocación por llegar al mayor número de grupos sociales, ha incorporado novedosos apartados dedicados a celíacos, afectados por las "preferentes", menores, comunidad gitana o extranjeros, de manera que estos colectivos tienen la oportunidad de comunicar sus problemas a través de diversas encuestas lanzadas por el Defensor.

También incluye un enlace específico sobre "prevención de la tortura", ya que el Defensor funciona como mecanismo nacional para prevenir y evitar altos tratos, en nomenclatura de la ONU.

Ha explicado además que el tiempo medio de respuesta del Defensor del Pueblo ha bajado a 27,85 días para dar una primera contestación a los ciudadanos sobre admisión de quejas y 48,41 días para emitir resoluciones una vez que la administración se ha pronunciado.

Es en estos tiempos de respuesta donde se nota una gran diferencia entre la Administración del Estado, que tarda 68,7 días en dar información al Defensor sobre sus consultas, los 96,67 días de la Administración autonómica y los 107,10 días de la local, debido a los escasos recursos de muchos municipios.

La publicación de estos datos en la web, así como la relación de las entidades que se demoran en sus respuestas es una práctica que Becerril ha defendido como modo de hacer una "llamada de atención" para que cumplan son su obligación legal de responder.

Por su parte, José Luis Escrivá ha señalado que aunque sí se ha avanzado bastante en cuanto a transparencia financiera y explicación del gasto público, falta todavía que las administraciones aclaren por qué toman sus decisiones y cómo justifican ese gasto, y como ejemplo ha puesto las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Ha echado en falta más medidas para que se acabe con los "espacios de discrecionalidad" que se reservan las administraciones debido a la "enorme resistencia" que tienen a divulgar "cómo se hacen las cosas" y se ha mostrado convencido de que toda transparencia es siempre beneficiosa para los ciudadanos.

En este último aspecto han coincidido el consejero madrileño de Presidencia y el alcalde de Alcobendas, más optimista en cuanto a logros conseguidos, de los que ha puesto a su municipio como ejemplo.

Enrique Ruiz ha hablado del "salto cualitativo" que supuso la Ley de Transparencia y ha destacado que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, puso en marcha un exitoso portal de transparencia en la Comunidad de Madrid nada más ocupar el cargo, en el cual lo más consultado es el plan de Gobierno donde se explican los compromisos adquiridos por el Ejecutivo autonómico.