Un tribunal ha archivado definitivamente la investigación por supuesta corrupción en torno al denominado Plan Rabasa, en el que figuraban como investigados la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) y el constructor Enrique Ortiz, entre otros, al no apreciar indicios de delito.
Esta era una de las dos piezas del caso Brugal en el que figuraba como investigada (antes imputada) Castedo, quien sigue en esa condición en la rama que investiga las supuestas irregularidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde también figura como encausado su antecesor en la alcaldía, el popular Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz, entre otros.
Fuentes judiciales han informado de que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado así el recurso de apelación planteado por la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de sobreseimiento de la causa, decretado en mayo pasado por el juez César Martínez.
Ese magistrado consideró entonces que este plan urbanístico, que preveía la construcción de unas 13.000 viviendas junto a una futura área comercial donde se implantaría la multinacional sueca del mueble Ikea, no constituía en sí mismo "una actividad delictiva".
Por consiguiente, según el responsable del juzgado de Instrucción 6 de Alicante, las gestiones encaminadas a su tramitación, aprobación y ejecución no podían "ser definidas ''ab initio'' como una trama".
En esta investigación, que constituye una pieza derivada de la ''Operación Brugal'', llegaron a declarar como investigados (antes imputados) Castedo, Ortiz y varios técnicos municipales por supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.