La vivienda del fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, ubicada en esa ciudad, ha vuelto a ser asaltada por segunda vez en los últimos seis meses, sin que en esta segunda ocasión el pasado enero se haya observado la desaparición de objeto o documento alguno.

El primer allanamiento del domicilio de Lozano se produjo el pasado julio, cuando se apoderaron de su ordenador personal, en el que se contenía abundante documentación de los casos en los que ejerce la acusación particular y en los que están imputados exaltos cargos de los Gobiernos autonómico y local de Murcia.

Fuentes de la fiscalía han dicho a Efe que Lozano se muestra tranquilo y no encuentra explicación a lo ocurrido, especialmente a este segundo asalto en el que no le han robado nada.

Las mismas fuentes no descartan que se trate de un intento de amedrentarlo por ser la cabeza visible del ministerio público en casos de gran resonancia.

Entre ellos, el caso Umbra, de presunta corrupción urbanística que se tramita en un juzgado de instrucción de Murcia desde 2008 y en el que figuran como investigados la antigua cúpula de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, junto con el exalcalde Miguel Ángel Cámara.

Se encarga además del caso Novo Carthago, también de supuesta corrupción por la puesta en marcha de un proyecto urbanístico sobre terrenos protegidos junto al mar Menor, y está personado en la operación César, que investiga un presunto fraude en sobrecostes de las obras de un tramo del tren de alta velocidad entre Crevillente (Alicante) y Murcia que podrían superar los 17 millones de euros.

Aunque se desconocen los móviles de los hechos, los compañeros de Lozano señalan que los asaltantes no han conseguido nada, ya que en el primer allanamiento, aunque se apoderaron de su ordenador personal, la información que contenía no se perdió, al existir copias de seguridad, además de la disponible en los juzgados y en la propia sede de la fiscalía.