El presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dicho hoy en rueda de prensa que "no se puede demostrar lo que nunca existió" tras conocer el auto de la Audiencia Nacional que aprecia contra él delitos de cohecho, fraude y revelación de información por su presunta participación en la trama ''Púnica''.

Sánchez ha advertido en el Palacio de San Esteban que cuenta con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que no existió relación comercial entre la Consejería de Educación y Cultura, que él dirigía, y las empresas investigadas.

El presidente murciano ha manifestado que en el auto del juez Eloy Velasco se habla "de que pudo acordarse un contrato de en torno a 30.000 euros" cuando él era consejero para hacer unos supuestos trabajos de reputación "online" y, según ha insistido, "no hay nada de eso, nunca lo hubo, y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificados oficiales".

En palabras de Sánchez, esa documentación oficial acredita que "nunca se firmó, ni se acordó, ni se pactó, ni se pagó, ni se aceptó presupuesto" y, al mismo tiempo, "nunca se pidió una oferta, ni a esta empresa ni a cualquier otra".

Ha reconocido que "recibieron ofertas, alguna de ellas insistentemente y con agresividad comercial", pero ha reiterado que "no se hizo nada con ésta ni con ninguna otra empresa".

Fuentes de su entorno sostienen también que los doce certificados oficiales acreditan que "ni siquiera se inició ningún expediente" administrativo para contratar con el empresario Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de la trama, y que todos los funcionarios de la Consejería de Educación responsables de contratación han acreditado ante el instructor que "nunca recibieron instrucciones para contratar ni estos servicios ni a estas empresas".

Según las fuentes, la "hoja de servicios" que ha presentado la acusación para demostrar la existencia de relación contractual con la Comunidad de Murcia "era realmente una propuesta de servicios y no contiene ningún dato que sea necesario para hacer una facturación o un contrato".

En su breve comparecencia del mediodía ante los periodistas, el presidente ha dicho también que no existía ninguna partida de formación a la que cargar el supuesto contrato de 30.000 euros con las empresas de la trama, y que hay un certificado oficial que acredita la inexistencia de ese concepto en la consejería.

Preguntado por las peticiones de dimisión hechas desde los grupos de la oposición, el presidente ha contestado: "No espero que la oposición me apoye. Ni en esto, ni en cualquier tema".

"Tenemos una oposición que en estas circunstancias ya sabemos lo que dice", ha añadido.

El presidente ha recalcado que el caso que investiga el juez de la Púnica se refiere a una propuesta de una empresa "que nunca se aceptó y eso es lo que es", y ha señalado que en los documentos que se intervinieron en los registros judiciales "pone arriba propuesta y borrador".

"Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que no quede ninguna duda de que nada se hizo mal; es lo que se espera de mí, comparecer, dar la cara, explicar las cosas y probarlas", ha subrayado.

"Si este juez, con el máximo respeto a la labor de la justicia, considera que hay que aclararlo más; nosotros vamos a colaborar para que así sea porque no puede quedar ninguna duda", ha insistido.

Así mismo ha mostrado sus dudas de que en este caso exista alguna responsabilidad penal porque, según él, "no se puede demostrar lo que nunca existió, y en un estado de derecho y en una democracia tenemos la posibilidad de acreditarlo, de demostrarlo y explicarlo donde sea necesario".

Pedro Antonio Sánchez es uno de los 22 investigados que conforman la pieza "3" de la trama Púnica junto a la hoy senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro; el exconsejero de Turismo, Juan Carlos Ruiz, y personal de confianza de los tres altos cargos.

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