El Gobierno de Canarias confía en que el ambiente político español sacudido por la corrupción no afecte a la tramitación de los presupuestos generales del Estado, y de hecho ya hace planes para, que en el caso de que se aprueben a finales de junio como está previsto, tener dispuesta la maquinaria administrativa para gestionar los nuevos recursos.

El acuerdo para desvincular las ayudas del REF de la financiación autonómica supondría, de aprobarse el presupuesto, una inyección de 220 millones de euros en 2017, 360 millones en 2018 y 550 millones en 2019.

Para acomodar a ese nuevo escenario presupuestario plurianual los objetivos de legislatura, centrados en los servicios de sanidad, educación y políticas sociales, el ejecutivo va a celebrar hoy un Consejo de Gobierno deliberante, explicó en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo, Rosa Dávila.

"Queremos tener toda la maquinaria en marcha para lanzar toda la capacidad administrativa y de gestión de las distintas consejerías" en cuanto esté aprobado el presupuesto estatal, dijo Dávila.

La portavoz, que también es consejera de Hacienda, indicó que para ello el Gobierno se propone hacer en esa reunión una "autoevaluación", un análisis de las tareas que está acometiendo para asegurarse de que el día a día no interfiere con los grandes objetivos de legislatura.

El ejecutivo canario confía en que la situación política estatal por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular no altere ni los presupuestos ni su calendario ni el sentido del voto de las demás fuerzas políticas, entre las que citó a Ciudadanos y Nueva Canarias.

"Nueva Canarias está planteando conseguir actuaciones que puedan ser también importantes para Canarias" en la negociación presupuestaria a las que "nos sumaríamos", adelantó la representante del ejecutivo.

Insistió en que hay que separar las acciones judiciales contra la corrupción del "ámbito presupuestario", porque "la vida de los ciudadanos de España y de Canarias tiene que seguir".

Rosa Dávila afirmó que los presupuestos de 2017 "son los mejores de los últimos veinte años para Canarias", en particular por permitir la participación del archipiélago en el fondo de competitividad de la financiación autonómica, y por tanto "en absoluto debería entorpecer todo ese proceso" la situación política.

La consejera de Hacienda reclamó que la modificación de los aspectos económicos del REF, aprobada inicialmente por el Consejo de Ministros y pendiente del informe favorable del Parlamento de Canarias y de su tramitación en las Cortes, se realice por el procedimiento de urgencia.

"Es una herramienta muy importante para el desarrollo económico y para la diversificación de la economía canaria", recalcó.

Rosa Dávila agregó que para que el REF canario cuente con las mayores garantías de aplicación frente a las decisiones coyunturales de los gobiernos debe quedar "anclado" en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española.