El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que deje de investigar por su cuenta al expresidente de Banesto Mario Conde por presuntos delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, entre otros.

En una providencia conocida hoy, el titular del juzgado central de Instrucción número 1 insta a la unidad para que cese "urgentemente" en las citaciones y declaraciones efectuadas a personas vinculadas con el supuesto entramado al ser pesquisas de la competencia del propio magistrado y no de la UCO.

Además, solicita a la fiscal del caso Elena Lorente un informe acerca de la pertinencia y la necesidad de expedir las comisiones rogatorias reclamadas por la Guardia Civil a fin de dilucidar ciertas operaciones sospechosas contenidas en el sumario de la Operación Fénix.

Según denunciaba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su primer informe, Conde habría blanqueado desde 1999, 13 millones de euros procedentes de la responsabilidad civil de los casos Banesto y Argentia Trust que el exbanquero no llegó a satisfacer completamente, con la ayuda de otras catorce personas, entre ellas sus hijos Mario y Alejandra.

El documento, que describía esta operativa como propia del crimen organizado, concluía que los ingresos conocidos por la Agencia Tributaria eran "un tanto exiguos" dadas sus frecuentes apariciones en televisión y la venta de sus libros, por lo que detectaban hasta ocho posibles delitos fiscales.

Motivos por los que el juez instructor decretó en abril de 2016 el ingreso en prisión de Conde, que permaneció en Soto del Real (Madrid) durante dos meses, los mismos que estuvieron bajo arresto su hija y el abogado de la familia, Francisco Javier de la Vega, destacados por los investigadores por su papel.

Desde finales del pasado junio, el magistrado ha mantenido activa la causa con la toma de declaraciones en calidad de testigos a directivos de bancos en los que la familia disponía de cuentas, pero también con comisiones rogatorias a países como Reino Unido y Suiza, de los que procedería parte del capital supuestamente repatriado por Conde para satisfacer gastos personales.