El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por unanimidad la reforma del Registro Civil para que el apellido paterno no sea el que prevalezca a la hora de inscribir un hijo cuando no hay acuerdo de los padres, que entrará en vigor el próximo 30 de junio.

El Parlamento ha validado con los votos de los 344 diputados presentes en la Cámara Alta esta reforma, que también suprime la obligación para las personas con discapacidad visual o auditiva de presentar un informe médico cuando van a casarse.

Cerca de 23.000 menores españoles llevan el apellido de su madre en primer lugar desde que se aprobara la normativa que permitió a los padres, solo si había consenso, invertir el orden tradicional de los apellidos, en el que prevalecía el del progenitor.

Pero esta cifra podría aumentar a partir del día 30 cuando se aplique esta normativa que acaba con esa preferencia del padre cuando hay discrepancias entre los progenitores y será entonces el encargado del Registro Civil quien decida qué apellido va en primer lugar "atendiendo al interés superior del menor".

Estos cambios se incluyen en la reforma de la Ley de modificación de Jurisdicción Voluntaria, que recoge cambios del Código Civil.

Respecto a los matrimonios de personas sordas, ciegas o con otros tipos de discapacidad se corrige un artículo del Código Civil que les iba a obligar a partir del 30 de junio a pedir ese certificado médico.

Ahora, ese informe se requerirá "en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar ese consentimiento pese a las medidas de apoyo".

El Parlamento también incluye otra reforma para favorecer la protección de las personas con discapacidad, estableciendo que el letrado de Justicia, notario o encargado de Registro Civil que tramite el acta podrá recabar "la provisión de apoyos humanos y técnicos y materiales que faciliten la emisión e interpretación del consentimiento de los contrayentes".

Durante el debate, que se ha centrado exclusivamente en el cambio en relación con matrimonios de personas con discapacidad, algunos grupos como Ciudadanos, GER y EAJ-PNV han lamentado que no se haya aprovechado para hacer una reforma más amplia y eliminar distintos obstáculos en relación con herencias y testamentos.

Todos los grupos han justificado su apoyo a esta reforma, para corregir "errores imperdonables", que los grupos de la oposición han coincido en definir como una "chapuza legislativa" aprobada por la mayoría absoluta del PP.

La diputada del PSOE María Mercé Perea ha destacado que con la reforma se pretende enmendar "la falta de consideración y el atentado a la razón" que era para las personas con discapacidad tener que acreditar sus aptitudes para casarse.

Desde Podemos, Nayua Miriam Alba ha justificado su voto a favor ante la "urgencia de enmendar y eliminar las chapuzas" de la ley y ha opinado que "la legislación está para proteger los derechos, no para limitarlos".

Marcial Gómez, de Ciudadanos, ha destacado el trabajo del movimiento asociativo, agrupado en el Cermi, y ha destacado que queda pendiente eliminar "la existencia de testigos para testar y para hacer otras escrituras".

Sobre este asunto, también Mikel Legarda, de EAJ-PNV, y Ester Capella, de GER, han lamentado que no se hayan admitido sus enmiendas que proponían abordar esos cambios.

El portavoz de discapacidad del PP, Ignacio Tremiño, ha destacado la importancia de que la reforma se haya aprobado por unanimidad porque "acaba con la inseguridad jurídica" y con "una discriminación histórica" y demuestra que "por encima de las diferencias ideológicas está el ejercicio de la política en función del beneficio de las personas con discapacidad".