El Tribunal de Cuentas del Estado ha determinado que el Ayuntamiento de Vitoria no pagó 820.846 euros a la contrata de la limpieza viaria (FCC) por trabajos no realizados en 2014 y ha archivado la investigación al no apreciar "supuesto alguno de responsabilidad contable".
El órgano fiscalizador español abrió diligencias previas de oficio sobre dos cuestiones que llamaron su atención en el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre los presupuestos municipales de 2014, cuando el popular Javier Maroto, era el alcalde de Vitoria.
Uno de los asuntos hacía referencia a las primas por prejubilación del personal municipal laboral y de los bomberos, que son similares a las del resto de funcionarios.
Terminada la investigación el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas entiende que "estos pagos no son indebidos ni dan lugar a responsabilidad contable", un argumento que respalda la consejera de Cuentas de este organismo en el auto en el que decreta el archivo de la investigación, según la documentación del caso, a la que ha tenido acceso Efe.
El segundo asunto analizado por el órgano fiscalizador hacía referencia a la prórroga en junio de 2014 del contrato de limpieza de la ciudad a la empresa FCC, "estando pendiente a dicha fecha prestaciones por un valor estimado por los técnicos municipales de 820.846 euros".
En la fase de diligencias previas el fiscal jefe advertía de que no había constancia de que se hubieran ejecutado esos trabajos, pero tras estudiar la documentación presentada por el Ayuntamiento y por propio el exalcalde Maroto concluye que "han sido realizadas todas las prestaciones contratadas".
La Fiscalía explica ahora en este sentido que la citada documentación incluye, entre otros justificantes, una "relación de facturas, con expresión de conceptos y fechas por importe total de 820.509 euros, diferenciando inversiones de camiones y de infraestructuras".
A la luz de estos documentos el fiscal jefe no aprecia "menoscabo en fondos públicos" y solicitó por ello que se archivaran las diligencias.
Esta petición ha sido atendida por la consejera de cuentas en un auto en el que ratifica los argumentos del fiscal al concluir que no se percibe "supuesto alguno de responsabilidad contable".