El ex secretario general del sindicato abertzale LAB Rafa Díez Usabiaga saldrá a primera hora de mañana de la prisión de El Dueso, en Santoña (Cantabria), y posteriormente se trasladará al País Vasco, donde será protagonista de dos actos de recibimiento y homenaje.

En las puertas del penal cántabro, donde Rafa Díez Usabiaga ha cumplido una condena de seis años y medio de cárcel por el caso Bateragune, el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna, esperarán al histórico dirigente abertzale familiares, amigos y compañeros, entre los que probablemente se encontrará el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien cumplió la misma pena por este mismo procedimiento.

También estarán en Santoña los dirigentes de Sortu Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta, otros dos de los cinco condenados en el caso Bateragune, mientras que el partido abertzale no ha confirmado la presencia de la quinta condenada, Sonia Jacinto.

Se ha anunciado, asimismo, la asistencia de la actual secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, entre los compañeros y amigos que acudirán a recibir a Rafa Díez Usabiaga.

En este punto no habrá concentración ni acto político de recibimiento, como el que subió al propio Otegi a un estrado en el exterior de la cárcel de Logroño en marzo de 2016, ya que la Delegación del Gobierno en Cantabria ha prohibido la celebración que había sido convocada.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha alegado que los convocantes han incumplido los plazos legales de comunicación de este tipo de actos.

Por este motivo, el sindicato LAB ha decidido suspender el acto que preveía celebrar en El Dueso y lo ha sustituido por otro que se se llevará a cabo en la localidad vizcaína de Muskiz, la primera que se encuentra tras cruzar el límite ente Cantabria y el País Vasco.

Este será el primer acto político de recibimiento a Rafa Díez Usabiaga tras su salida de prisión, aunque por la tarde tendrá lugar otro en su localidad, Lasarte-Oria (Gipuzkoa), que no ha sido prohibido por ninguna instancia, a pesar de que la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) había reclamado que no fuera permitido.

Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha atendido al requerimiento, y el juez Fernando Andreu ha emitido hoy un auto que permite la celebración de estos homenajes, ya que considera que no existe "constancia alguna" de que en los actos convocados se vaya a producir ningún delito.

El juez asegura que "carece de competencias preventivas", por lo que es "a la autoridad gubernativa a quien le corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación".

En el caso de Cantabria, la competencia corresponde a la Delegación del Gobierno, que había prohibido con anterioridad el acto convocado en esta comunidad, mientras que en el caso de Euskadi es la Consejería de Seguridad la que debe dar la autorización.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco han explicado a EFE que la competencia en esta materia es del Gobierno Vasco y han alertado de que las Fuerzas de Seguridad estarán pendientes de si en los actos convocados se producen delitos de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas, para actuar a posteriori si fuera el caso.

Tras el acto de Muskiz, las celebraciones por la excarcelación del último de los cinco condenados por el caso Bateragune se trasladarán a Lasarte-Oria, donde se llevará a cabo un acto final a las 19.30 horas.

La prohibición del acto de Cantabria ha sido calificada por Otegi de "ataque a la libertad", mientras que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha tachado de "intolerable" que se tributen homenajes al exlíder de LAB.

Rafa Díaz Usabiaga es el último de los cinco dirigentes de la izquierda abertzale condenados por el caso Bateragune, el intento de reconstituir la ilegalizada Batasuna, que aún permanece en prisión.

Con el histórico líder de LAB fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre 8 y 10 años de cárcel -posteriormente rebajadas por el Tribunal Supremo- el propio Otegi y los jóvenes dirigentes Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto.

Todos ellos fueron acusados de intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna siguiendo las directrices de la organización terrorista ETA.

El ex secretario general de LAB es el último en cumplir la condena, porque pasó 17 meses en prisión provisional con una licencia para cuidar de su madre enferma.