La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha registrado hoy una petición de recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional por "falta de imparcialidad" y para "garantizar" su derecho de defensa, una iniciativa que pretende paralizar todo procedimiento de "excepción" hacia ella o la cámara.

Minutos antes de que se iniciara el pleno parlamentario en el que las fuerzas independentistas prevén aprobar la ley del referéndum, Forcadell ha hecho pública su decisión a través de Twitter.

"Acabo de pedir la recusación de los miembros del TC. Se han convertido en una extensión más del gobierno del Estado y ha perdido toda legitimidad", ha escrito.

Con esta iniciativa, Forcadell pretende "paralizar cualquier procedimiento ''de excepción'' que pudiese plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta", ha explicado la cámara catalana en un comunicado.

El escrito, registrado esta mañana en el TC, califica la reforma de la ley orgánica del Constitucional como una "reforma exprés de la Constitución" en la que el derecho de defensa está aún más restringido que en la aplicación del Estado de excepción.

Forcadell alega en el escrito que no existe en el ordenamiento jurídico español ningún procedimiento que genere tanta "indefensión" como el que prevé la ley orgánica del TC.

La aplicación de las atribuciones sancionadoras del TC, a su juicio, vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "al no contar con ninguna garantía procesal de un juicio justo".

El escrito analiza la naturaleza "inédita" del procedimiento de ejecución de sentencias que instauró la reforma de la ley orgánica del TC, que configura un "nuevo" Constitucional que "pierde su supuesta posición de neutralidad cuando se le otorga potestad sancionadora y facultades de ejecución de sus propias resoluciones".

Por ello, Forcadell solicita poder ser parte en un hipotético procedimiento constitucional si es que se discuten medidas de intervención en el Parlament o en las funciones de presidencia del Parlament, con el objetivo de preservar su derecho de defensa ante un procedimiento "carente de cualquier garantía y derecho".