El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat catalana de que suspendiera cautelarmente la obligación que le ha impuesto el Gobierno central de informarle de sus gastos, una medida destinada a controlar que no destina dinero al referéndum ilegal.
El Gobierno impuso a la Generalitat la necesidad de enviar dichos informes para que ésta certificara por escrito que no destina partidas presupuestas al referéndum.
El ejecutivo catalán recurrió contra el mismo ante el alto tribunal y, como medida cautelar en tanto no resuelve el fondo del recurso, pidió que provisionalmente el Supremo suspendiera la obligación de informar de sus cuentas semanalmente.
El Supremo, que tiene competencia sobre el tema por tratarse de un acuerdo administrativo y no de una ley, se ha negado a aceptar la petición del ejecutivo catalán.