Oriol Junqueras, viepresdiente de la Generalitat, anunció anoche que un 90% de las 2.262.424 papeletas depositadas se corresponden con votos a favor de la independencia de Cataluña y el 7,8% en contra. Además, el Govern aseguró que unos 770.000 electores no pudieron votar por el cierre de unos 400 colegios.

La jornada del 1-O, condicionada por las cargas policiales y un insólito sistema de votación, finalizó con la convocatoria del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a los partidos para reflexionar "juntos" y un llamamiento del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a aplicar en los próximos días el proceso hacia una declaración de independencia.

El Gobierno catalán reconoció a primera hora que no podía celebrar su referéndum de independencia tal y como había planeado y, por sorpresa, anunció un censo universal y la posibilidad de votar aunque fuera sin sobre, con papeletas impresas en casa, urnas que cambiaban de colegios y sin aclarar el proceso de recuento, incumpliendo así su propia Ley del Referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional.

El conseller y portavoz del Govern, Jordi Turull, anunció un cambio en las reglas a 45 minutos de la apertura de los centros de votación, que en muchos casos permanecían llenos de personas desde ayer desatendiendo los avisos de precinto.

La intervención de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil a requerimiento de los Mossos para impedir el referéndum devino en diversas cargas que, según la Generalitat, causó 844 heridos, dos en estado grave, así como el uso de pelotas de goma y, según el Govern, de gases lacrimógenos.

La actuación de la policía autonómica durante la jornada, que este cuerpo definió como "proporcional y garantizando la seguridad ciudadana" -limitándose, en algunos casos, a levantar acta en los colegios que visitaba-, llevó a la Guardia Civil a identificar a agentes de los Mossos por inacción.

Mossos y guardias civiles llegaron a encararse en varias ocasiones durante las intervenciones del instituto armado para cerrar los locales designados como centros de votación del referéndum.

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, que compareció en un "centro internacional de prensa" gestionado por un grupo privado de comunicación, admitió que "no se ha podido votar con normalidad", ya que cerraron 319 colegios por la actuación policial.

Los miembros del Gobierno catalán, entre ellos el president Carles Puigdemont, consiguieron votar, en su mayoría sin dificultades, si bien la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, denunció haber sido "arrastrada, empujada y cogida por los brazos" por agentes de la Policía Nacional que entraron en la sede de su departamento, habilitado como punto de votación.

El Ministerio de Interior informó a media tarde de que la Policía y la Guardia Civil clausuraron 92 centros de votación y detuvieron a seis personas por delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.

Un total de 19 policías nacionales y 14 guardias civiles requirieron atención médica inmediata por su trabajo en los colegios, a la vez que Interior difundió un vídeo con la salida de los agentes de la Guardia Civil de San Carles de la Rapita (Tarragona) apedreados.

Los concentrados en algunos locales electorales montaron barricadas alrededor del recinto, con vallas y sacos, para impedir que la policía acudiera a requisar las urnas, mientras que los mossos aseguraron haber recibido 48 denuncias ciudadanas contra las intervenciones de las fuerzas.

Puigdemont, que votó en un local diferente al previsto por haber sido intervenido, denunció el "uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia por parte del Estado español" y dijo que eso le "avergonzará para siempre".

El Govern firmó el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum al aprobar una ley mediante una tramitación exprés y sin el preceptivo acuerdo de dos tercios de la cámara.