El jefe de los Mossos d''Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha abandonado la Audiencia Nacional tras declarar una hora como investigado por un delito de sedición en relación al asedio a la Guardia Civil en una operación el 20 de septiembre contra los preparativos del 1-O.

Trapero ha salido a pie de la Audiencia, en libertad, aunque se desconoce si se le ha impuesto alguna medida cautelar y si la Fiscalía ha hecho alguna petición al respecto.

Posteriormente, el jefe de los Mossos ha subido a un coche entre aplausos de políticos independentistas que han acudido a apoyar a los investigados en esta causa y gritos de "traidor" de un grupo de ciudadanos que se encontraba en la calle Génova.

Trapero, que estaba citado a las nueve de la mañana, llegaba media hora antes a la Audiencia Nacional vestido de uniforme, con semblante serio y escoltado a cada lado por dos comisarios de los Mossos también uniformados.

Se trata de Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, y de Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial, y a quien Trapero envió a algunas de las reuniones de coordinación policial con Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el referéndum ilegal del 1-O.

Los Mossos ya adelantaron que Trapero sostendría en su comparecencia que la policía catalana ha cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O.

En una serie de mensajes en Twitter y en una carta que la cúpula de los Mossos remitió a todos los agentes, los mandos aseguraron que el Mayor aportaría toda la información sobre las actuaciones que la policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre.

Antes de Trapero, ha comparecido por videoconferencia la intendente de los Mossos Teresa Laplana, citada también hoy para declarar como investigada por sedición por el asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre.

La juez le ha eximido de trasladarse a la Audiencia Nacional tras acreditar la agente que padece un problema de salud.

Después de Trapero declarará el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; y por último el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el cuarto investigado en esta causa por sedición -un delito penado de 8 a 15 años de prisión-.

Lamela considera a estos cuatro investigados responsables del asedio a la Guardia Civil durante la operación policial contra el referéndum ilegal del 1-O y califica su participación como sedición al entender que el fin último de los disturbios fue el de una ruptura de la forma de Gobierno.

Tras admitir la denuncia de la Fiscalía por estos hechos, la juez pidió el atestado al instituto armado, que incluye hasta seis peticiones por escrito de la Guardia Civil a los Mossos en relación con los incidentes, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.