El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que el Consejo de Ministros decidió dirigirse formalmente a la Generalitat para que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña, como paso previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede tomar al amparo del artículo 155 de la Constitución.

De esta forma, Rajoy activó la vía del artículo 155, que nunca se ha aplicado en España. Ese precepto constitucional señala que el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general" .

Rajoy realizó este anuncio en una declaración -sin preguntas- en el Palacio de la Moncloa después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para analizar la respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que este martes asumió el "mandato del pueblo" para que Cataluña se convierta en un estado independiente para después proponer suspender los efectos de la declaración de independencia.

El presidente del Gobierno ha negociado la respuesta a Puigdemont con el PSOE y con Ciudadanos. De hecho, la pasada noche se reunió en el Palacio de la Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ayer por la mañana conversó por teléfono con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien desde hace semanas viene demandando aplicar el 155 para convocar elecciones en Cataluña.

Rajoy, que en la tarde de ayer compareció en el Congreso de los Diputados para hablar de la situación en Cataluña, puso de relieve la "confusión generada por los acontecimientos" que se vivieron este martes en el Parlamento de Cataluña. Solicitó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, un "mínimo de generosidad" en su respuesta al requerimiento que le ha realizado el Gobierno parar "abrir vías de cara al futuro".

Explicó que el Consejo de Ministros acordó requerir formalmente al Gobierno catalán con el fin de que "confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor". Puigdemont pidió dejar en suspendo esa declaración de independencia para abrir un diálogo durante las próximas semanas.

Según señaló Rajoy, ese requerimiento es "previo" a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Carga Magna y pretende "ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia".

"Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles y, especialmente a los catalanes y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generlitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa", enfatizó.

Rajoy indicó que la respuesta que Puigdemont de a este requerimiento marcará "el futuro de los acontecimientos en los próximos días". Así, dijo que si manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, "se pondría fin a un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia". "Eso es lo que todos quieren y esperan, lo que se le ha venido reclamando con insistencia. Es urgente poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña. Es preciso que vuelva la tranquilidad, la seguridad y el sosiego", señaló.

Plazo de 5 días al Govern

El Gobierno, en el requerimiento que activa el artículo 155 de la Constitución, da cinco días (hasta el lunes) al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña y fija un segundo plazo, hasta el jueves, para que rectifique y evite su aplicación. Ambos plazos figuran en el requerimiento aprobado ayer en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y que se entregó ayer por la tarde a la Generalitat catalana. El segundo plazo, que vence el jueves, marcaría el inicio de la puesta en marcha del controvertido artículo constitucional, que establece la obligatoriedad de que el Gobierno formule un requerimiento al presidente de la Comunidad antes de plantear en el Senado las medidas que desea aplicar. Con este requerimiento se quiere ofrecer "claridad y seguridad" tras la "confusión" que generó Puigdemont.