El Govern catalán creó un organismo, el Cesicat, que funciona "en la práctica" como un "CNI catalán" y lleva a cabo actividades irregulares como el control las comunicaciones interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Así lo dice el ex fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, en el decreto de marzo de 2016 por el que se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O, contenido en el sumario del juzgado de Barcelona que ahora lleva el asunto y al que ha tenido acceso Efe.

Este decreto explica el funcionamiento del Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña), un organismo, dice el fiscal, puesto en marcha por la Generalitat para apoyar el "proceso unilateral de independencia" en contra de los preceptos del Tribunal Constitucional.

Basándose en un informe de la Guardia Civil, Zaragoza concluye que, aunque el Cesicat nace en 2009 para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas, sus funciones se concretan en 2012, cuando se "pretende convertirlo en una especie de Agencia de Seguridad Nacional (a modo de un CNI catalán), en el entendimiento de que constituye una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente".

Para ello, se destinaron "recursos humanos, materiales y económicos para asumir funciones en esta materia que legalmente no le están asignadas por ser competencia del Estado".

Así, sus actividades alcanzan también, según la Fiscalía, "a la ejecución de actividades de censura (mediante la eliminación de páginas web), al control de las comunicaciones (mediante la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus)" y al acceso a bases de datos ajenas.

Asimismo, se dedica "al encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat e incluso a la creación de bases de datos de ciudadanos para diversos fines" y carentes de control.

"Todos los datos objetivos mencionados -prosigue- conforman una base indiciaria suficiente para sostener con carácter presuntivo que el Cesicat desarrolla funciones que claramente exceden de su marco legal regulador y que en la práctica está ejecutando actividades más propias de un servicio de inteligencia que son competencia exclusiva del Estado".

En 2016, el Cesicat pasó a depender del Departamento de Presidencia de la Generalitat, explica el fiscal, y se convirtió en una "pieza fundamental" del "catálogo de estructuras de Estado" que implantó la Generalitat de cara a la independencia.

"La preparación y puesta en funcionamiento de esas estructuras administrativas del Estado, sin amparo ni cobertura legal, ha sido ejecutada por la Generalitat mediante la contratación de las obras y servicios necesarios con diversas empresas, y destinando para tales fines recursos económicos públicos, lo que puede conducir a una aplicación indebida de fondos y caudales públicos", afirma Zaragoza en su decreto, que califica los hechos de delitos de sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.