La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y siete exconsellers, mientras que impuso una fianza de 50.000 euros al exconseller Santi Vila para poder eludir la cárcel.
De este modo, la juez asumió por completo la petición de la Fiscalía y envió a la cárcel por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva a Junqueras y los ocho exconsellers que comparecieron ayer investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.
Además de Junqueras van a prisión los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Santi Vila (Empresa), este último, que dimitió un día antes de la declaración de independencia, hasta que deposite la fianza.
La juez apreció alta probabilidad de riesgo de fuga porque "tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".
Aludió así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsellers a Bruselas, para los que la Fiscalía pidió a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que aún no ha resuelto.
"En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", destaca el auto.
Para evaluar el riesgo de fuga, la juez tiene también en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque "a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir".
El auto recuerda que "los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince año de prisión por el delito de sedición, y ocho años" por el de malversación, que además "puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad".
También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso de independencia en Cataluña.
Añadió que los investigados "vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".
Las cárceles elegidas
El Ministerio del Interior decidió agrupar finalmente en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco a los nueve exconsejeros del Govern catalán, los siete hombres a la primera y las dos mujeres a la segunda.
"En pie hasta la victoria"
Junqueras destacó: "En pie, con determinación y hasta la victoria. Haced cada día todo lo que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21D".
Pleno extraordinario
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Barcelona decidió convocar para hoy por la mañana un pleno extraordinario para debatir y acordar una proposición en relación al encarcelamiento del exvicepresidente y ocho exconsellers del gobierno de la Generalitat.
Colau: situación límite
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acusó en el pleno de ayer al Govern cesado de llevar a Cataluña a una situación límite al declarar la república catalana, y dijo que el Gobierno municipal hará todo lo posible para revertir la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. Añadió que es el Govern cesado quien no sabe lo "que hace, qué piensa hacer ni si está unido o dividido".