El magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que enjuició en la Audiencia de A Coruña la marea negra del Prestige, recuerda en una entrevista este proceso que concluyó con una sentencia absolutoria y que el Tribunal Supremo "corrigió y muy bien" al estimar la existencia de responsabilidad penal.

El magistrado, perteneciente ahora a la Sala de lo Civil y de Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, leyó un día como hoy hace cuatro años una sentencia que, inicialmente, ponía punto y final a un largo proceso con una compleja instrucción que dilató durante diez años el juicio por este accidente, el de mayores dimensiones celebrado en Galicia.

Ahora Pía, que pese a obtener plaza en el Tribunal Superior pidió seguir con la ejecución de la sentencia, ultima el auto que cuantificará el importe de las responsabilidades civiles por los daños. "Se sabrá públicamente" esta semana y cabrá recurso ante el Tribunal Supremo, avanza.

El juicio del Prestige ha sido el más largo al que se ha enfrentado Pía, asegura en el decimoquinto aniversario de la peor catástrofe medioambiental en la historia de España.

"Me temo que no habrá muchos juicios más largos en la historia de la jurisdicción española", ha subrayado el magistrado, que no recibió presiones "ni antes, ni después ni nunca", ni aspiró a sentar jurisprudencia porque no es su "función".

Pía se dedicó en exclusiva a esta causa hasta que se falló. Duró ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y contó con 204 declaraciones de testigos y peritos; además de una "ingente base documental", hubo que examinar "muchas cuestiones" y escuchar las alegaciones de las partes, por lo que "todo ello complicaba la cuestión".

"Cuando reduces la carga trabajo a un solo asunto, casi casi te obsesionas", confiesa el magistrado.

La "consternación" que compartió con gran parte de la sociedad civil aquel 13 de noviembre de 2002, cuando se sintió "abrumado, como todo el mundo, por la desgracia que nos cayó encima y que parecía de difícil solución", dio paso diez años después a la "responsabilidad" con la que afrontó el caso desde el primer día de juicio, "no mucho más allá que en cualquier otro".

"No es ningún tipo de presunción". El caso Prestige tuvo la "dificultad añadida" por el volumen de partes, documentación y duración, pero fue "como cualquier otro juicio penal".

La Audiencia coruñesa sentenció que no había responsabilidad penal y exculpó a los tres acusados, el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, de los delitos contra el medioambiente, y solo condenó a Mangouras a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

"Fue un trabajo más penoso, más minucioso y más dilatado" que otros, explica sobre la sentencia del Prestige, porque el fallo sobre un caso normal "en lo peor lleva un par de tardes completas, pero este es un asunto que llevó meses relatarlo".

Pía ha reconocido sentirse "aliviado" cuando finalizó el juicio y se dictó sentencia, y ha revelado que "lo más complejo" fue la reclamación de responsabilidad penal con respecto a López Sors. En su opinión, "no había indicio, pero se discutió tanto que abordar con criterios jurídicos y documentados era complicado. No fue tan fácil" sino más bien "difícil valorar su responsabilidad".

La sentencia dejó insatisfechos a la mayoría de los demandantes, por lo que se presentaron una docena de recursos ante el Tribunal Supremo.

Este tribunal condenó por un delito imprudente contra el medioambiente a Mangouras a dos años de cárcel, por lo que tanto el capitán del barco, la operadora y la aseguradora, Universe Maritime y London P&I Club, afrontarían el pago de la responsabilidad civil, pero no fijó la cantidad, que será señalada ahora en ejecución de sentencia sin superar el máximo solicitado por las partes.

La Audiencia coruñesa que juzgó los daños del petrolero se centró "básicamente en establecer qué consideraba probado" de lo ocurrido y el Tribunal Supremo "lo aceptó pero lo valoró de forma distinta" al determinar que sí había responsabilidad penal. Fue la "única diferencia", sostiene Pía.

El fallo fue criticado por injusto por partidos políticos, ecologistas y sociedad civil, que lamentaron entonces la impunidad con la que, decían, se había resuelto este caso, que contó con "importantes medidas de seguridad" durante el juicio por "temores a que hubiera incidencias que afectasen al orden".

Cuando naufragó el Prestige hubo movilizaciones "muy importantes", de hecho "las manifestaciones del 23-F y del Prestige fueron las más numerosas que he visto nunca", ha aseverado el magistrado, que pese a ello ha indicado que "no hubo afluencia de público ni incidentes" en la vista, "tan solo un par de cosas suaves de ''Nunca máis'' y poco más".

No obstante, el magistrado gallego no cree que las palabras injusticia o impunidad puedan definir este asunto porque "de hecho se ha condenado a una persona" y civilmente se conocerá ahora la cantidad por la que habrán de responder los condenados. "Nosotros en la Audiencia absolvimos a todo el mundo pero el Supremo nos corrigió y muy bien".

Actualmente Pía prepara el auto que cuantificará el importe de las responsabilidades civiles por los daños. "Se sabrá públicamente" esta semana y cabrá recurso ante el Supremo, afirma.

Esta complicada labor, con más de mil perjudicados, continuará cuando se puedan dirigir a la aseguradora para reclamarle dichos importes -el Estado español pide como perjuicio directo mil millones de euros, y la Fiscalía estima los daños del Prestige en más de cuatro mil millones-, pero dado que esta no reconoce la capacidad del tribunal español, la batalla judicial del Prestige parece no tener fin.