La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado hoy que el déficit de la Seguridad Social (incluido FOGASA Y SEPE) alcanzó los 16.800 millones de euros en 2017, con lo que se acercará al objetivo fijado en el 1,4 % del PIB.

Durante su intervención en la comisión del Pacto de Toledo del Congreso, Báñez ha detallado que solo el sistema de pensiones ha tenido un déficit de 18.800 millones, lo que supone el 1,61 % del PIB.

La ministra ha señalado que manejaban una previsión del déficit del sistema de pensiones del 1,67 % del PIB, de forma que se ha mejorado unas centésimas.

Además, de cara al 2018 ha dicho que el déficit del sistema de pensiones se situará en el 1,47 % del PIB mientras que el objetivo de todo el sistema de la Seguridad Social es del 1,1 %.

En 2016 el déficit de la Seguridad Social cerró en el 1,62 % del PIB y sumó 17.757 millones de euros.

La ministra ha reiterado que el sistema de la Seguridad Social depende del crecimiento del empleo y de la economía y ha pedido "lealtad" al espíritu del Pacto de Toledo para llegar a acuerdos ya que el sistema de pensiones "sobrevivirá" gracias a las reformas continuas que se hagan en esta comisión e incluso "también a los cenizos y a los oportunistas".

"Trabajemos dentro del pacto y no le dejemos fuera de él porque no es constructivo", ha dicho Báñez, al tiempo que también ha insistido en que los pensionistas no han tenido pérdida de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis.

Ha defendido el nuevo factor de sostenibilidad que se comenzará a aplicar a partir de 2019 y que -en su opinión- no mermará la pensión inicial.

"Dice que a igual contribución, un ciudadano recibirá igual pensión a lo largo de su vida, teniendo en cuenta la edad y la esperanza de vida", ha señalado al tiempo que ha puntualizado que la pensión que se recibe dependerá del crecimiento económico, de la carrera laboral y de las cotizaciones.

Báñez ha señalado que el impacto del factor de sostenibilidad en 2019 no se conoce todavía porque el ministerio está pendiente de recibir la estadística sobre defunciones correspondiente al 2017 y que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) y ha dicho que en cuanto tengan este dato la Seguridad Social elaborará las tablas definitivas sobre su impacto.

La ministra ha reiterado que el Gobierno es partidario de que se compute toda la vida laboral para cobrar la pensión de forma voluntaria ya que "es de justicia que la crisis no afecte a los ciudadanos dos veces: en el empleo y en su pensión".

"Pensando en carreras de cotizaciones más largas y que se mantengan en activo mucho tiempo se podría dar una segunda opción voluntaria en vez de tener en cuenta los últimos 25 años y que se tuviera en cuenta toda la vida laboral", ha dicho.